El problema legal grave en el que te puedes meter al convertir tu coche en histórico

Hace ya un par de meses que entró en vigor el nuevo protocolo para la transformación de vehículos en históricos. En este caso se trata de un intento de la Federación Española de Vehículos Antiguos (FEVA) y de la Dirección General de Tráfico (DGT), para salvaguardar el parque móvil nacional de vehículos antiguos.

Hasta la entrada en vigor del nuevo Reglamento transformar un coche en histórico costaba en torno a los 1.000 euros y podía suponer un mes de gestiones, en este caso se ha convertido en una gestión telemática que cuesta menos de 50 euros.

Gestión telemática

Con el anterior Reglamento, el papel de los laboratorios para la catalogación de los coches históricos era clave, con la intervención de un ingeniero que firmaba el proyecto y daba fe del valor del vehículo.

Ahora se trata de un simple trámite administrativo que se basa en la declaración responsable del propietario en la que da fe de que el vehículo está original, algo que deberá certificar una ITV tiempo después cuando el vehículo tenga que pasar el trámite.

Las ITV certifican

Este procedimiento abre la puerta a que algunos conductores transformen en históricos vehículos de más de 30 años que han sufrido modificaciones de importancia, tal y como se verá posteriormente en la ITV, lógicamente el reclamo es que este tipo de vehículos pueden circular por las Zonas de Bajas Emisiones de ciudades como Madrid o Barcelona.

Debemos tener en cuenta que una declaración responsable es un documento con valor legal que supone el reconocimiento o el ejercicio de un derecho o el inicio de una actividad, que quedan bajo comprobación, control y posterior inspección de la Administración Pública.

En este caso, y a falta por el momento de los primeros casos, mentir en este documento además de una multa de 3.000 euros, abre la puerta a sanciones penales, tal y como se determinará en un proceso judicial.

Sanciones penales

Tal y como indica el propio documento: «Lo que manifiesta con el conocimiento de las responsabilidades penales, civiles o administrativas a que hubiera lugar, en caso de inexactitud, falsedad u omisión, de carácter esencial, de cualquier dato o información de la presente declaración o en caso de no presentación de la documentación que le fuera requerida para acreditar el cumplimiento de lo declarado».