El último dictador de Perú

La originalidad del caso del general Francisco Morales-Bermúdez, presidente de facto de Perú entre 1975 y 1980, radica en que apenas fue inquietado por la justicia de su país –solo se enfrentó a una querella por crímenes de lesa humanidad que no prosperó–, pero sí por la de otros, principalmente la italiana.

En febrero pasado, la Corte de Casación, máxima instancia judicial de Italia, ratificó la condena contra Morales-Bermúdez a cadena perpetua, emitida dos años antes por un tribunal de rango inferior, a raíz de una querella interpuesta en 2007.

Se acusaba al antiguo mandatario de la desaparición de varios ciudadanos italianos, llevada a cabo en el marco del Plan Cóndor, el programa represivo transnacional acordado por varias dictaduras latinoamericanas en los setenta para coordinarse de cara a la represión de opositores.

Italia pidió en repetidas ocasiones la extradición de Morales-Bermúdez, lo mismo que un juez argentino a principios de 2012.

Todos los intentos fueron en vano: a la regla según la cual un Estado no suele extraditar a sus nacionales, se le sumaba la edad avanzada del perseguido que, por su parte, se cuidó mucho de abandonar Perú en la última etapa de su vida.

Pero no de comentar frecuentemente la actualidad política nacional, incluidas amenazas veladas. Es lo que ocurrió el pasado año cuando, en compañía de otros militares en la reserva, instó a las Fuerzas Armadas a derrocar, llegado el caso, al actual presidente, el izquierdista Pedro Castillo.

Morales-Bermúdez sabía de lo que hablaba, pues en agosto de 1975 encabezó un golpe de Estado que depuso a Juan Velasco Alvarado, el general –de tintes izquierdistas en lo económico– que regía de forma autoritaria los destinos de la nación andina. Con el agravante, además, de que era el primer ministro de Velasco Alvarado desde hacía seis meses.

El nuevo gobernante suavizó en cierta medida las restricciones a las libertades públicas decretadas por su antecesor, indultó a líderes opositores e impulsó una tímida liberalización económica; pero sin modificar la naturaleza dictatorial del régimen.

Sea como fuere, estas disposiciones –que fueron completadas con varias devaluaciones monetarias– se revelaron harto insuficientes para frenar el imparable deterioro de la situación económica y financiera.

Un deterioro que desembocó en la huelga general de julio de 1977, convocada por un sindicato y masivamente seguida por la población.

El pragmático dictador cedió y se decantó por un proceso constituyente que se desarrolló en tres etapas: elecciones parlamentarias en 1978, nueva constitución en 1979 y entrega del poder al presidente democráticamente elegido, que resultó ser Fernando Belaúnde Terry, derribado doce años antes por Velasco Alvarado.

Morales-Bermúdez se retiró, si bien procuró volver, sin éxito, cuatro años más tarde. Mas el nuevo presidente, el socialista Alán García, nombró ministro a su hijo Remigio Morales-Bermúdez Pedraglio.

Casi algo normal en la estirpe: el abuelo del general Morales Bermúdez ya fue presidente de Perú a finales del siglo XIX. Pero un presidente constitucional.