El alcalde que modernizó Cádiz

Carlos Díaz Medina, candidato del PSOE, fue elegido alcalde de Cádiz en 1979, año de los primeros comicios municipales en la recién estrenada democracia, por 14 votos frente los trece obtenidos por Pedro Valdecantos, que encabezaba la lista de UCD. Éste último era el vencedor de la votación popular; sin embargo, una alianza entre socialistas y comunistas le arrebató el Gobierno municipal.

La tarea que el nuevo regidor era inmensa: Cádiz era por entonces una ciudad algo aletargada, con equipamientos vetustos, un urbanismo poco adaptado a las exigencias contemporáneas, y unas arcas maltrechas. De ahí, que a Díaz Medina no le quedase más remedio que endeudarse para volver a poner en marcha a la que algunos consideran como la ciudad más antigua de Occidente.

Una primera etapa, seguramente la más decisiva, consistió en proyectar un Plan General de Ordenación Urbana que, como recuerda José A. Hidalgo en Diario de Cádiz, «paró la degradación del casco antiguo y diseñó, entre otras cuestiones, una red de equipamiento públicas esenciales para la ciudadanía, en la que además funciona un movimiento vecinal bien estructurado y con grandes referentes». Asimismo, Díaz Medina, al suprimir el peaje para circular por el Puente de Carranza, típica obra de ingeniaría civil de la época desarrollista y principal vía de acceso a Cádiz, satisfizo una de las demandas más acuciantes de sus administrados.

Un estilo de regir la ciudad que permitió a su alcalde renovar tres veces su mandato por mayoría absoluta, en 1983, 1987, y 1991. Díaz Medina compaginó durante años su cargo municipal con el diputado en el Parlamento autonómico de Andalucía, lo que, en principio, debía facilitar la defensa de los intereses de Cádiz en Sevilla. Sin embargo, adolecía de cultura de aparato y clanes, inmensa desventaja teniendo en cuenta las costumbres del socialismo andaluz contemporáneo.

En esa línea, su honestidad estaba fuera de toda duda. Subraya su antiguo secretario José Almenara Barrios, en un artículo publicado hace poco por el Ateneo de Cádiz, cómo fue testigo de «cómo prohibió a algunos familiares para que se abstuvieran de presentarse a plaza alguna de trabajo en el Ayuntamiento mientras él ocupara la Alcaldía, negándose en redondo a transigir cuando recibía alguna solicitud para favorecer algo o a alguien, que él considerara injusta o inapropiada». «Sin embargo», añade Almenara, «a sus espaldas y totalmente ajeno a ello, algún concejal, defendía otros intereses desde San Antonio», sede provincial del PSOE gaditano.

Nada extraño, pues, que el partido le descabalgase de su candidatura oficial de cara a las elecciones municipales de 1995. Díaz Medina, sin una sola palabra de amargura, volvió a la práctica de la abogacía y dejó para siempre una política en la que había entrado durante el tardofranquismo; primero a través del Grupo Drago, un colectivo conformado por personalidades reformistas; más adelante como asesor jurídico de UGT, pasando, por último, al PSOE.