El carnicero de Teherán

Ebrahim Raisi fue elegido en 2021 presidente de Irán, cargo que ha desempeñado hasta su trágico fallecimiento en accidente de helicóptero junto a otros prebostes del régimen, gracias a las tretas diseñadas previamente con esmero por el ayatolá Ali Jamenei: el Guía Supremo de la Revolución Islámica quería, a toda costa, evitar que se repitiese el escenario de los comicios de 2017, cuando Raisi cayó derrotado frente al presidente saliente, de talante más reformista, Hasan Rohaní.

Jamenei no urdió ningún fraude electoral, sino que movió sus hilos en las entrañas del régimen para que ningún candidato conservador hiciese sombra a Raisi. La maniobra le salió redonda, pues su protegido salió elegido con algo más del 72 % de los votos. La otra cara de la moneda fue la participación, la más baja de toda la historia electoral iraní desde el triunfo de la Revolución islámica en 1979. Era un indicador de cierta erosión en el apoyo social al régimen.

Sea como fuere, Raisi sabía a quién debía su triunfo, por lo que la composición de su Gobierno –al frente de Asuntos Exteriores puso a Hossein Amir-Abdollahian, también fallecido en el accidente de helicóptero– reflejó la radicalización deseada por Jamenei. La primera prueba de fuego para el nuevo presidente de la República fue las revueltas que asolaron a Irán en 2022 tras la muerte de Mahsa Amini, una mujer que había sido detenida por no llevar el hiyab, o pañuelo, tal y como recomendaban las autoridades. Raisi prometió investigar la muerte, pero también apoyó la represión que siguió a las protestas: más de 500 personas murieron y más de 22.000 fueron detenidas.

Un juego cínico que también practicó en materia nuclear: pese a que declaró públicamente su voluntad de volver a respetar los términos del acuerdo suscrito por Irán con Barack Obama antes de que Donald Trump retirase la firma de Estados Unidos, la realidad fue bien distinta: Raisi y su Gobierno se opusieron a las inspecciones internacionales, en parte debido a una supuesta campaña de sabotaje –según Teherán– llevada a cabo por Israel contra su programa nuclear. Las conversaciones en Viena para restablecer el acuerdo quedaron estancadas al poco tiempo de asumir Raisi la jefatura del Estado.

Mas el pasado diciembre, el mandatario padeció una pequeña humillación diplomática al verse obligado a anular un viaje a Ginebra. Temía ser arrestado, debido a las acusaciones que sobre él pesaban por las matanzas de opositores llevadas a cabio entre julio y diciembre de 1988, cuyos destinatarios eran los muyahidines que habían servido a Irak durante la guerra que acababa de terminar.

Los juicios comenzaron nada más terminado el conflicto y se pidió a los acusados que se identificaran. Los que respondían muyahidín eran condenados a muerte, mientras que a otros se les interrogaba sobre su disposición a «limpiar campos de minas para el Ejército de la República Islámica», según un informe de Amnistía Internacional de 1990. Las organizaciones de derechos humanos calculan que hasta 5.000 personas fueron ejecutadas. Raisi, que entonces era un fiscal de base del régimen, formó parte de aquellos tribunales. Jamás se pronunció públicamente sobre su pasado sanguinario. Pero su reputación quedaba mancillada para siempre.

Tampoco cabía esperar mucho más de un personaje cuya vida adulta empezó con la caída del régimen imperial: titular de un doctorado en Derecho islámico, a diferencia de otros miembros de la élite iraní, formados en Teología, Raisi, desde 1981 –cuando contaba con 21 años– ejerció de implacable fiscal en varios tribunales, con el suficiente empeño como para alcanzar el máximo escalafón antes de entrar en política.