El controvertido hermano del dictador de Nicaragua

«De Humberto Ortega lo único que puedo decir es que fue un criminal que deja este mundo sin enfrentarse a la justicia de los hombres y se marcha en total impunidad por los delitos que cometió», explica a El Debate la activista nicaragüense por la democracia Marta Patricia Molina, en clara alusión a los crímenes en los que estuvo implicado el hermano menor del dictador Daniel Ortega: principalmente, una masacre de indígenas cometida a finales de 1981 y el asesinato, acaecido en 1990, de un joven de 16 años al que dispararon miembros de su equipo de seguridad de su comitiva.

Humberto Ortega fue inicialmente absuelto por un tribunal militar, si bien, con posterioridad un tribunal internacional de derechos humanos condenó al Gobierno nicaragüense a pagar 20.000 dólares por daños y perjuicios.

«Sin embargo», añade Molina, «su hermano Daniel Ortega (dictador de Nicaragua) y su cuñada Rosario Murillo (la «vicedictadora») le dieron casa por cárcel y apresuraron su muerte: ni siquiera lo llevaron frente al sistema judicial viciado de Nicaragua». Por lo tanto, en opinión de la activista, Humberto Ortega «es un ciudadano más que a pesar de que estaba enfermo, muere bajo la vigilancia del Sistema Penitenciario que está señalado de cometer más de 40 mecanismos de tortura, tratos crueles, inhumanos y degradantes. Varios analistas políticos dicen que probó en carne propia lo que ayudó a construir».

Lo que Humberto Ortega ayudó a construir, y posteriormente a gestionar, fue el régimen sandinista: en la senda de Daniel, optó, a partir de los sesenta, por la lucha armada encaminada a derrocar el régimen de los Somoza, actividad de la que se convirtió en uno de sus principales impulsores: nada extraño, pues, que a partir del 14 de julio de 1979 –fecha del triunfo revolucionario– pasase a integrar la junta –«dirección nacional»– de nueve personas que regiría los destinos de Nicaragua durante los siguientes once años. Humberto Ortega lo hizo en su calidad de comandante en jefe del Ejército Popular Sandinista al que convirtió en una fuerza militar clásica, al tiempo que la hacía combatir a la «Contra».

Muy polémica resultó, en aquel contexto, su decisión de establecer, con carácter obligatorio, el servicio militar obligatorio para todos los varones con edades comprendidas entre los 18 y los 40 años. Mas su gestión fue considerada lo suficientemente notable como para que, en 1990, la primera presidenta elegida democráticamente tras la primera dictadura sandinista, Violeta Chamorro, le mantuviese en el cargo. Una audacia que la historiografía especializada en aquel periodo juzga positivamente a la luz del carácter globalmente pacífico de la transición del país centroamericano.

Cumplida su tarea, Humberto Ortega se dedicó durante unos años a la actividad privada en Costa Rica. Volvió a Nicaragua, pero nunca más le fue ofrecido un cargo público: Rosario Murillo, su cuñada, le consideraba un rival que podría haber limitado su influencia sobre Daniel Ortega, una vez éste último regresó al poder en 2007; democráticamente, antes de emprender, de forma paulatina, una deriva totalitaria que Humberto Ortega tardó algo en denunciar, aunque con el tiempo, sobre todo desde 2018, lo hizo con más fuerza.

La consecuencia fue un acoso cada vez mayor por parte del régimen, plasmado en medidas coercitivas y en insultos públicos, que se prolongaron hasta su fallecimiento, oficialmente por paro cardiorrespiratorio. Pudo haber sido líder de la oposición, pero carecía de toda autoridad moral: su propio pasado también le perseguía.