La Abogacía de Sánchez

Puigdemont es posiblemente uno de los personajes políticos más aborrecibles y antipáticos de cuantos existen por estos predios. Sus manifestaciones burlonas e hirientes contra el Estado de Derecho y la democracia española nos producen alipori y hacen que el tipo resulte un ser detestado por la inmensa mayoría de los ciudadanos al sur y al norte del Ebro. Por todo esto, si hay algo que deseamos fervientemente los constitucionalistas es verle condenado por sedicioso y malversador, cosa que no parece que comparta Pedro Sánchez a tenor del trabajo de zapa que le hace la Abogacía del Estado para obstaculizar su entrega a la justicia.

El escandaloso proceder de la Abogacía la llevó a remar en la misma dirección e interés que el letrado del huido a Bruselas hasta el extremo de compartir indirectamente con la defensa de Puigdemont que su detención en Cerdeña no debió producirse porque la euroorden emitida por el juez Pablo Llarena estaba suspendida, cosa que el magistrado del Tribunal Supremo ha refutado y aclarado en un oficio enviado al tribunal italiano que el próximo lunes decidirá sobre la entrega a España del mandilón atrincherado en Waterloo. El juez Llarena acredita en su escrito la sospechosa actuación de la Abogacía de Sánchez señalando que es un órgano judicial dependiente del Gobierno y que al formar parte del procedimiento abierto contra los sediciosos, debía conocer que su euroorden seguía activa.

Desconozco si la reclamación del contumaz y vigilante juez del Supremo a sus colegas sardos, exigiéndoles la entrega inmediata de Puigdemont por carecer de inmunidad será satisfecha; pero nada nos haría más felices que por lo menos, como les pide Llarena, los magistrados italianos adoptaran medidas cautelares contra el reclamado en tanto se resuelven posibles dudas sobre su inmunidad que le impidan zascandilear por media Europa mientras va poniendo en solfa la independencia de la Justicia española y la calidad de su democracia. Una campaña de descrédito de las instituciones de la que es cómplice, en parte, Pedro Sánchez al convertir a la Abogacía del Estado en correa de transmisión de los actuales intereses políticos del gobierno y de sus socios de ERC cuyos réditos son incompatibles con la presencia de Puigdemont en el Supremo. La obsesión de Sánchez por controlar y servirse de órganos como la Fiscalía General y la Abogacía del Estado está suficientemente acreditada con hechos y declaraciones. Nunca antes, desde que Alfonso Guerra enterró a Montesquieu, ha estado tan amenazada y cuestionada la división de poderes y por ende la independencia judicial como con Pedro Sánchez. Si el juez Pablo Llarena consigue esta vez traerse a Puigdemont, habrá ganado una merecida batalla en defensa del Estado de Derecho que le compense por los muchos agravios sufridos por él y su familia en forma de injurias, amenazas, acosos y ataques a sus domicilios de la Cerdaña y San Cugat por el secesionismo. Pero sobre todo nos habrá colmado de gozo a todos los defensores de la unidad y del orden constitucional, mal que le pese a Sánchez y obstaculice la hoja de ruta diseñada con Aragonés y Junqueras.