Locke también ha muerto

¿Tiene vida la Constitución española? ¿Está vigente? ¿Puede un Gobierno constitucional devenir inconstitucional? No se trata de que pueda, eventualmente, infringir la Constitución, sino de que sea, de suyo, por propia voluntad y dedicación, abiertamente inconstitucional. ¿Existe la Constitución española?

Los derechos naturales, según John Locke, son tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Sin la protección y garantía de ellos, no hay ni justicia ni democracia ni sociedad civilizada, sino fuerza y barbarie. Son, por ello, sagrados e inviolables, y constituyen un límite absoluto para la acción de los gobiernos, que no existen para otra cosa que para garantizar su ejercicio. El Gobierno no es, pues, señor de la vida, la libertad y la propiedad de sus ciudadanos, sino que, por el contrario, está sometido a ellas.

Ahora se reconocen (más bien se crean arbitrariamente) derechos y más derechos, algunos verdaderamente extravagantes y, a la vez, se conculcan estos tres fundamentales. Hipertrofia de los falsos derechos y atrofia de los verdaderos. Así, uno tiene derecho a decidir su sexo, pero no a la vida que deja de ser irrenunciable. Se tiene derecho a eliminar una vida embrionaria y una vida, más o menos, terminal. Los animales tienen derechos y los humanos carecen del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. El mundo jurídico, al revés.

Los ataques a estos tres derechos fundamentales son reales, inequívocos. El derecho a la vida es vulnerado por la legislación sobre el aborto y la eutanasia, regulados como derechos. Ni el embrión ni el enfermo, más o menos, terminal, tienen el derecho, inalienable e irrenunciable, a la vida. Si existe un derecho a la muerte, no hay un derecho a la vida. Si hay un deber de matar, no existe un derecho a vivir. La vida deja así de ser un derecho absoluto e incondicionado.

La libertad se encuentra tan amenazada como la vida. Es cierto que el ejercicio de todo derecho tiene sus límites, pero la libertad no puede quedar sometida al arbitrio del Gobierno. La libertad de expresión está a punto de dejar de existir a manos de la legislación sobre la memoria histórica y democrática y la tipificación de los delitos de odio. Y, con ella, la libertad de cátedra. Por otra parte, se invierte el orden natural de la libertad de expresión. Así, se reprime la expresión de juicios y opiniones, que debe ser ilimitada, y se permiten los insultos, calumnias y blasfemias, que no está amparados por el ejercicio de la libertad de expresión. Las agresiones a la Constitución por parte del Gobierno no cesan. El Tribunal Constitucional acaba de declarar inconstitucional la decisión del Ejecutivo de cerrar la actividad parlamentaria y, con ella, la acción de control al Gobierno durante la pandemia.

Es cierto que la propiedad tiene unos límites derivados de la función social que ha de cumplir. Pero eso no significa que pueda ser suprimida por los gobiernos a su antojo. En España existen, en algunos casos, abusos en la regulación impositiva y excesos en el intervencionismo estatal. Ahora se prepara una ley sobre la vivienda que va aún mucho más allá.

Sin la debida protección de la vida, la libertad y la propiedad no es posible un Estado de Derecho ni una auténtica democracia. Son tres gravísimos ataques a la Constitución. No es extraño en un Gobierno que incluye en sus miembros a ministros comunistas, apoyado por separatistas. Pero además de este triple ataque a los derechos más fundamentales, se socava el fundamento de la Constitución que es la unidad indivisible de la Nación española. Sólo hay dos soluciones: la acción enérgica del Tribunal Constitucional y un urgente cambio de Gobierno.

No debemos dejar que nos arrebaten los derechos, especialmente los derechos a la vida, la libertad y la propiedad. Como afirmó Tocqueville: «Después de la idea general de la virtud, no sé de otra más bella que la de los derechos o, más bien, esas dos ideas se confunden. La idea de los derechos no es otra cosa que la idea de la virtud introducida en el mundo político». Y añade que «no hay grandes pueblos sin respeto a los derechos».

Primero se burla la división de poderes y luego se suprimen los derechos. Antes fue Montesquieu. Ahora le toca a Locke.