Si la víctima es de Vox, da igual

El pasado 20 de septiembre a las ocho de la tarde una mujer de 30 años, auxiliar de enfermería de profesión, salió a correr en Reus (Tarragona) vestida con una camiseta de tirantes con el logo de Vox. Según su denuncia, admitida en el juzgado y que está siendo investigada, unos jóvenes la insultaron conminándola a sacarse «esa camiseta». Ella hizo caso omiso. A decir de su testimonio, sus agresores la introdujeron entonces en una furgoneta, donde fue sometida a abusos sexuales. La mujer declaró a la policía autonómica catalana que sus atacantes eran «árabes» y se han publicado fotos de ella con moratones en sus ojos, en un labio y en la espalda.

El caso está todavía pendiente de aclararse en todos sus términos. Pero podemos plantearnos ya una pregunta: ¿qué habría pasado si la mujer hubiese llevado una camiseta de Podemos, o del PSC, o si hubiese sido una persona homosexual? Pues que a estas horas tendríamos a Irene Montero clamando en todas las televisiones, a Marlaska lamentando los «delitos de odio» y a Sánchez con cara compungida anunciando la reunión inmediata de alguna comisión contra este tipo de agresiones (ciertamente repugnantes, cométanse contra quien se cometan). Ni siquiera necesitarían pruebas en firme para salir a denunciar lo ocurrido (como se vio en el caso de la falsa agresión homófoba de Malasaña, que concluyó con bochornoso ridículo del oficialismo progresista).

Sin embargo esta vez resulta que la presunta agredida simpatiza con Vox. Así que todo cambia. Las declaraciones de repudio, siempre necesarias ante estas salvajadas, desaparecen. Cae un telón de silencio oficialista. Los medios del Orfeón Progresista orillan el caso y la ministra de Igualdad va todavía más allá. Cuando un periodista le pregunta al respecto en un pasillo, Irene Montero responde irritada, y sin esgrimir argumento alguno, que todo es «un bulo» de la prensa «fascista».

Es un ejemplo más de uno de los problemas que sufre España: la creciente hemiplejia moral con que se abordan hechos de todo tipo. Si un Gobierno de derecha o centro-derecha hubiese sido condenado por dos veces por el TC por pisotear las libertades más elementales en un estado de alarma y por cerrar abusivamente el Parlamento, a estas horas habría manifestaciones diarias frente a la sede del partido gobernante y probablemente incluso acabaría cayendo el Ejecutivo. Pero ha ocurrido con socialistas y comunistas en el poder, así que pelillos a la mar: no pasa nada. Lo mismo se puede aplicar a la subida del recibo de la luz. En cuanto cayó Rajoy, el tertulianismo progresista y los medios oficialistas se olvidaron de su clamor contra la «pobreza energética». Otro ejemplo de hemiplejia es que el Gobierno no haya dedicado ni un comentario a los ataques a los estudiantes constitucionalistas en los campus catalanes y a la persecución contra los profesores que osan a hablar en ellos en español (por cierto, el idioma más hablado en Cataluña).

En España se está perdiendo el principio de realidad. Si son los suyos, barra libre para todo tipo de desafueros. Si son los otros, desprecio y tergiversación. Un doble rasero cutre que acaba emponzoñando la médula de un país. Una pena.