El Partido Comunista de España manda

Ayer nos enteramos de que el Gobierno que padecemos pretende finiquitar la Ley de Amnistía de 1977 aduciendo que el derecho internacional humanitario está por encima de esa ley que supuestamente habría hecho olvidar delitos como crímenes de guerra, de lesa humanidad, genocidio o tortura. La motivación es verdaderamente conmovedora y sólo podría aplaudirse si no fuese porque los promotores de esta iniciativa van a perseguir esos supuestos crímenes sólo en un lado. Ya se sabe, los malos, malísimos estaban todos en el bando de los que ganaron. Los que perdieron eran unos santos y por eso hay que demostrar ahora que en realidad ganaron.

Hay un pequeño inconveniente legal para poder llevar adelante esta trapacería. La Constitución prohíbe la retroactividad de las disposiciones no favorables o restrictivas (artículo 9), por lo que ahora no podrían dar efecto retroactivo a la amnistía concedida por S.M. el Rey en 1977 entre el entusiasmo unánime de la nación y de la comunidad internacional. Ni la Alianza Popular de Manuel Fraga, que no respaldó la amnistía, se atrevió a criticar al Rey por promoverla.

Es muy importante ver quién ha estado detrás de esta iniciativa y ayer lo conocimos cuando la presentó en público: Enrique Santiago Romero, secretario general del Partido Comunista de España. Porque, aunque cueste creerlo, en España el Partido Comunista manda. Tiene una vicepresidenta del Gobierno y un secretario de Estado para la Agenda 2030. Llevo tiempo investigando si hay alguna otra democracia en el mundo donde el secretario general de su partido comunista forme parte del Gobierno. No lo he encontrado hasta ahora. Debe de ser por mi torpeza.

Este Enrique Santiago, secretario general del PCE con despacho de abogados en el barrio de Salamanca de Madrid –al menos antes de entrar en el Gobierno– fue el abogado que representó a los narcotraficantes de las FARC en las llamadas conversaciones de paz que tuvieron lugar en La Habana y concluyeron con el plebiscito del 2 de octubre de 2016 en el que la mayoría de los colombianos rechazamos un regalo que el presidente Juan Manuel Santos había pactado con Enrique Santiago. Regalo que incluía no poder perseguir los delitos de narcotráfico porque se consideraba el tráfico de narcóticos como un delito conexo en la lucha guerrillera y debía de perdonarse igual que todos los crímenes de esos asesinos. Es decir, el político comunista español que logró el perdón para todos los asesinos y narcotraficantes de la guerrilla colombiana de las FARC, que a lo largo de casi medio siglo perpetraron también, secuestros, masacres, tomas armadas, reclutamiento forzado de menores y atentados terroristas en las ciudades, es el mismo que pretende acusar al franquismo de genocidio y crímenes de lesa humanidad. Con un par. Porque nuestro secretario de Estado de Agenda 2030 cree que los terroristas de las FARC son gentes respetables que merecen el perdón. Pero cualquier gobernador civil del régimen del general Franco que siga vivo debe ser procesado por crímenes de lesa humanidad. Lo promueve, el Gobierno de España.