Sublevación equiparable a golpe de Estado

Entonces, si el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dicta una sentencia que afecta al modelo educativo catalán y el Tribunal Supremo se niega a estudiar el recurso que se presenta a la decisión del tribunal catalán ¿Dónde está la violación de la autonomía catalana que ha perpetrado el llamado «Estado»? Ahora va a resultar que lo que quería la Generalidad de Cataluña era que el Tribunal Supremo (en Madrid) anulase la decisión del Tribunal Superior de Cataluña. En la mejor tradición de doble moral, lo que deciden los tribunales está bien cuando coincide con tus posiciones. Cuando discrepan siempre está mal. Y el Tribunal Supremo del Reino de España podría haber sido más acertado que una institución de la autonomía catalana si la corrige en favor de las tesis independentistas. No paramos de mejorar.

Lo que ocurrió el pasado martes es lo más grave que ha sucedido en España desde el 1 de octubre de 2017. Esta vez no ha habido una declaración de independencia como tal, pero sí una declaración de independencia en la práctica. Eso es lo que es alentar a los directores de todos los colegios de Cataluña a ignorar la sentencia del Tribunal Superior de Justicia –confirmada en la práctica por el Tribunal Supremo–. Es un caso evidente de sublevación equiparable a un golpe de Estado: se hace un llamamiento a ignorar las sentencias judiciales y a incumplir la ley desde la institución cuyo presidente es el más alto representante del Reino de España en Cataluña: la Generalidad. Dios nos coja confesados.

El Gobierno de Pedro Sánchez confronta hoy una insurrección que en nada es menos grave que la vivió el de Mariano Rajoy en 2017. Son muchísimos los que hablan de lo mal que se hizo entonces. Tal vez se podría haber hecho mejor. La diferencia entonces era que nunca se había pasado una crisis así bajo la Constitución de 1978, y ahora hay una experiencia reciente y muy relevante. Con los errores y aciertos que hubo en su gestión.

Que el presidente de la Generalidad haga un llamamiento a la insurrección y al incumplimiento de las sentencias de los tribunales requiere la más firme respuesta del Gobierno de la nación. La aplicación del artículo 155 de la Constitución está hoy, cuando menos, tan justificada como lo estuvo en 2017. Entonces se acusó a Rajoy de no haberlo hecho con la presteza necesaria. Hoy la situación es todavía peor porque éste Gobierno ha demostrado desde el 1 de junio de 2018 que vive feliz con el apoyo de partidos que quieren destruir España y lo proclaman sin la más mínima vergüenza. Y, mientras tanto, la oposición política rota en varios grupos. Pobre España