¿Dónde está Illa?

El independentismo catalán ha dado esta semana un recital de su naturaleza totalitaria y, por tanto, violenta. En la calle y en los despachos de la Generalitat. Con capuchas y pasamontañas en la Universidad o con corbatas desde la sede de las instituciones, pero con la misma vocación antidemocrática. En la Universidad de Barcelona un grupo de violentos intentaron sabotear con el lanzamiento de todo tipo de objetos un acto convocado por los jóvenes admirables de S’ha acabat. Poco antes, el conseller de Educación había saboteado a su vez el Estado de Derecho al anunciar que no piensa ejecutar la sentencia judicial que le obliga a impartir al menos el 25 por ciento de las clases en castellano. Sabotaje por sabotaje parece mucho más grave el segundo, porque se plantea desde el corazón mismo de las instituciones convertidas de nuevo en un ariete contra la legalidad.

El nacionalismo en Cataluña es asfixiante y opresor. Frente a él, la única protección que tienen aquellos que se resisten a ese proyecto de ingeniería social es el amparo de la ley. Pero hasta esas pequeñas victorias que pueden conseguir son producto de un esfuerzo enorme y extenuante. Tan extenuante es defender el constitucionalismo en Cataluña que Inés Arrimadas, la gran esperanza blanca, después de haber ganado las elecciones huyó hacia Madrid. Tan extenuante, que Salvador Illa, la segunda gran esperanza blanca, después de haber ganado las elecciones se ha escondido debajo de alguna alcantarilla para que nadie le recuerde su responsabilidad ante los votantes.

La única vez que Partido Popular y PSOE se pusieron de acuerdo para hacer frente al independentismo fue en 2017. Un pacto al que se sumaron Ciudadanos y otros partidos minoritarios. Pero aquella alianza que tumbó la intentona golpista le supo a poco a la derecha, siempre insatisfecha, mientras que a la izquierda le pareció demasiado y temió quedar subordinada al Partido Popular. El resultado a la vista está: Sánchez ha sacado sus presupuestos con Bildu y ERC, el gobierno del cambio en Andalucía es saboteado por VOX y los constitucionalistas catalanes se preguntan dónde estarán Illa y el PSC.

La sentencia que obliga a la Generalitat a impartir al menos el 25 por ciento de las clases en castellano, no ha caído del cielo. Es consecuencia de la denuncia presentada en 2015 por el entonces ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Aquella iniciativa de entonces permite a los padres de hoy seguir luchando por el derecho a escolarizar a su hijos en la lengua materna. Mientras siguen buscando al desaparecido Illa por las esquinas, los constitucionalistas catalanes pueden dedicar un momento a la nostalgia para comparar su situación y el respaldo que tuvieron en 2017 y el que tienen hoy.