El abandono del Estado

Hace unos días, contestando a la sentencia del Tribunal Supremo que obliga a impartir al menos una cuarta parte de la enseñanza en castellano en los colegios públicos de Cataluña, Ada Colau clamaba contra tamaña injusticia (entiéndaseme la ironía) aconsejando a los padres que aspiraran a tamaña atrocidad (otra vez la ironía) que llevaran a sus hijos a la escuela privada. ¿A quién se le ocurre querer que sus pequeños aprendan en español en España?

La señora alcaldesa de Barcelona, que es la cara B del separatismo, la que se disfraza de populismo bienpensante, debe ser de las que creen, como Isabel Celaá, que los hijos son del Estado, que no de los padres que les han traído al mundo. No por eso se sienten obligadas a alimentarles, cuidarles o a hacerse cargo de su higiene personal y su ocio, pero sí se ven capacitadas para adoctrinarles. A ellas sólo les compete moldear su pequeña cabecita para convertirles no en los futuros ciudadanos libres y formados de un Estado de Derecho, sino en activistas de su sectaria visión del mundo.

Afortunadamente, gracias a la decisión de los jueces, la responsabilidad ya no recae sobre ellas, sino sobre los equipos directivos de los centros escolares. Basta con que una familia solicite que sus hijos puedan estudiar en español para que el colegio tenga que cumplir las sentencias que, durante años, por coacción de los gobiernos autonómicos separatistas y por dejadez, inacción o incapacidad del Ejecutivo central, se han ignorado. De lo contrario, serán los maestros los que tendrán que rendir cuentas ante los tribunales. De modo que, aplicando la doctrina Colau, esos pobres infantes que, según la portavoz del gobierno catalán, se verán condenados a aprender español sin quererlo, pueden optar, si lo desean, por aprender sólo en catalán si sus padres pagan un colegio privado. A la hora de rascarse el bolsillo es cuando la gente comienza a retratarse.

Por el camino, sin embargo, se han quedado miles de niños, rehenes del adoctrinamiento con fines políticos y abandonados por un Estado ante el que sus padres han pagado religiosamente sus impuestos. Y, como ellos, muchos otros colectivos profesionales, como policías, jueces y funcionarios que se han visto obligados a tragar con las ruedas de molino del nacionalismo aplastante o a hacer las maletas. España para ellos estaba demasiado lejos, en ese Madrid que, por conveniencias políticas o de partido, les ha dejado abandonados a su suerte cada vez que se la han jugado por defender la ley o la Constitución. El daño que se ha hecho y que, me temo, persistirá, es a estas alturas irreparable.