El indultador indultado

Mucha gente está desilusionada por la decisión del Supremo de desestimar los recursos presentados contra los indultos concedidos por Pedro Sánchez a Junqueras y al resto de condenados del procés. Es natural. Como lo es la frustración al comprobar que los tribunales no pueden frenar tan flagrante injusticia. No solo los partidos de oposición habían recurrido los indultos, también lo habían hecho unas cuantas personas afectadas de manera muy directa por los abusos y los atropellos perpetrados por los dirigentes independentistas. Esas personas hoy pueden sentirse, con toda razón, desamparadas ante la impunidad que se les ha garantizado a quienes pisotearon sus derechos hace cuatro años. Y luego está la paradoja de que el mismo Tribunal Supremo que se opuso radical e infructuosamente a dichos indultos, asuma que no se puede hacer nada contra la cacicada del Gobierno. Acaso el Constitucional pueda corregir la afrenta o acaso no y acabemos sumando otra nueva frustración democrática en este asunto. Sea como fuere, no creo que debamos culpar a la justicia de una responsabilidad que es exclusiva del Gobierno.

El malestar por esta decisión del Supremo y las críticas que está recibiendo son un ejemplo más del deterioro que causan a nuestras instituciones las alianzas políticas de Pedro Sánchez. Las cesiones que el presidente del gobierno ha tenido que hacer a ERC y a Bildu las pagan, en descrédito, unas instituciones que ante los ojos de los ciudadanos se perciben como impotentes para frenar tanta impunidad. Es cierto que la figura del indulto es una antigualla jurídica heredera de un tiempo predemocrático, pero, precisamente por ello, los gobiernos la habían venido usando de manera muy restrictiva y limitada. Es Sánchez quien rompe esa tradición y retuerce el espíritu de la ley hasta extremos inimaginables para acomodarlo a sus urgencias políticas. No es la justicia la que ha indultado a Junqueras, sino Sánchez quien, abusando políticamente de un instrumento que tenía a su alcance, anuló la condena.

Podemos entretenernos con la división de voto en el Tribunal Supremo o con las deliberaciones técnicas a propósito de la legitimación para recurrir una medida de gracia arbitraria del gobierno. Son asuntos, sin duda, muy interesantes, pero nos distraen de lo esencial de esta cuestión, que no tiene carácter jurídico sino político: al indultar a los golpistas, el gobierno ha desautorizado a la justicia en una cuestión fundamental y se ha pitorreado de los votantes a quienes prometió que los condenados cumplirían sus penas íntegramente. En consecuencia, la respuesta a esta conducta debe venir del Constitucional, poniendo límites a la capacidad del Poder Ejecutivo para enmendar la plana al Poder Judicial pero, sobre todo, ha de venir de los ciudadanos, castigando con sus votos a quien tanto les ha engañado. La decisión de indultar al indultador no es de los tribunales, sino de cada uno de nosotros cuando seamos llamados a votar.