Sicilia

El Gobierno ha recaudado 7.200 millones de euros extra gracias a la inflación, ese impuesto que muerde igual al rico y al pobre, al currela y al parado, al hombre y a la mujer, al niño y al jubilado.

El récord de recaudación no procede de un crecimiento económico saludable ni tampoco del aumento de cotizantes, que es lo que suele ocurrir en Madrid cuando baja impuestos, para desesperación de tanto Piketty suelto; sino de sacarle hasta la última gota a quien ya no tiene sangre: es como quitarle la cartera a un atropellado y descubrir que el ladrón era el policía.

Con esa evidencia se personó Feijóo a ver a Sánchez, que sigue teniendo ese rictus artificial cuando posa en Moncloa, como si de algún modo se hubiera alojado en su propio subconsciente la sensación de okupa, merecida con la moción de censura y adecentada tras ganar dos elecciones y pactar con el diablo.

La propuesta del gallego era sencilla de esbozar y de entender: que renuncie el Gobierno a lucrarse de más con la especulación de los precios y los suministros; permita que el contribuyente adapte su declaración del IRPF a la devaluación objetiva de casi un 10 por ciento de su renta disponible y, si a continuación hace falta cuadrar las cuentas, proceda a hacerlo mediante la reducción del gasto político del Estado.

La respuesta de Sánchez, que dedicó diez minutos a la economía y hora y media a la justicia como si temiera la acción de la segunda por los excesos cometidos con la primera, fue tajante y escueta: no.

El presidente, así, demuestra que su Falcon está por delante de las muletas de una jubilada y que antes habilitará los puentes para cobijar a la clase media homeless que renunciar él a Las Marismillas: en España, al tiempo, se debatirá antes la rebaja de las pensiones que la reducción de Ministerios, aunque las primeras sean necesarias y los segundos dañinos.

No es el chocolate del loro: el Estado podría ahorrar hasta un 14 por ciento del gasto sin tocar los servicios públicos, aplicando simplemente criterios de eficiencia y productividad que conoce y practica hasta la más modesta mercería de la esquina. La AIREF, cuando la presidía el hoy ministro José Luis Escrivá, reveló la existencia de 14.000 millones de euros en subvenciones descontroladas.

Y cualquier estudio medio serio de la OCDE, el BBVA, el Instituto de Estudios Financieros, el Banco de España y su homólogo europeo refleja la consolidación del dispendio, el clientelismo, la opacidad y la incompetencia en eso que llamamos «industria política» con una benevolencia excesiva ante tanto abuso siciliano que se perpetra, a diario, en los tres ámbitos de la Administración feudal que nos esquilma.

No hay pueblo sin su observatorio del pingüino de Humboldt ni Autonomía sin su fundación africana, como no hay Estado sin su ejército de liberados, asesores, flotas, observatorios y todos los excesos esdrújulos para blanquear el desfalco legalizado de la España real currela.

Y ya no basta con decirlo, como ha hecho Feijóo con valentía: hay que bajar al detalle, hacer un inventario pueblo a pueblo, provincia a provincia, comunidad a comunidad, organismo a organismo; donde se describa su coste, su resultado, su plantilla, su labor y su beneficio.

Es difícil esperar una reforma de quienes serían los primeros damnificados por ella y no se conoce caso de juez que se haya condenado a sí mismo siendo el acusado. Pero si alguna vez ha sido posible esto, es ahora: con media España pasando hambre y la otra media contando los filetes que le quedan, no se puede soportar a un Gobierno que vive de hacer negocio político y económico con la pobreza.