Estado de descomposición

En las últimas horas, habrá recibido multitud de felicitaciones y parabienes. Llegar a la dirección de los servicios de inteligencia es un honor para un profesional que ha desarrollado toda su carrera en el ámbito de la seguridad del Estado. A buen seguro, acredita el merecimiento para desempeñar la función, las palmadas en la espalda serán merecidas. Sin embargo, no me gustaría estar en la piel de Esperanza Casteleiro.

¿Qué hará la nueva responsable del CNI si, el día de mañana, un grupo de trabajo o un agente le advierten de que en el entorno de los herederos de Batasuna intentan reanimar a la banda terrorista ETA? ¿Qué decisión tomará si constata que la Generalitat alienta o financia a grupos de radicales que durante las noches queman contenedores y lanzan adoquines a la policía en demanda de una sedición en Cataluña? ¿Cerrará la ventana de Waterloo o seguirá el rastro de las reuniones de Puigdemont con los enviados de Vladimir Putin?

Si mira hacia otro lado, en el mejor de los casos podría enfrentarse a una acusación de negligencia en el ejercicio de sus funciones. En el peor, la sociedad española se le echará encima demandando cuentas por las consecuencias de su ceguera. Pero, si actúa como debe, sirviendo a la ley y al Estado, se arriesga a perder su puesto, como su antecesora, tras verse sometida a una campaña de descrédito sin razón y sin precedentes.

En los regímenes absolutistas y dictatoriales del pasado, los hombres y mujeres al servicio del poder podían perder la cabeza, literalmente, por mero capricho del monarca de turno. Pensábamos, ilusos de nosotros, que eso no ocurría en las democracias. Pero nuestro régimen político se está degenerando a marchas forzadas. Argumentará Sánchez, con razón, que no es la primera vez que esto ocurre. Sus predecesores destituyeron a unos u otros, normalmente cargos de confianza, porque perdieron la fe en ellos o, para qué vamos a engañarnos, les estorbaban. Pero, en esta legislatura a la que aún le quedan casi dos años, el dedo del César dicta la vida y o la muerte profesional con demasiada frecuencia y apunta, no a cargos políticos, sino a esforzados funcionarios: Sánchez Corbí, Pérez de los Cobos, Paz Esteban, Edmundo Bal…

Si el chantaje de los nacionalistas ha sido una constante en el devenir de la democracia española, en esta legislatura alcanza cotas insostenibles. La capacidad de coerción ya no solo alcanza a poner o quitar comas en los debates del parlamento, a sumar ceros en los presupuestos generales del Estado. Han hecho de su capa un sayo, actuando y viviendo por encima de la ley, cuando no en contra. Y, cuando las fuerzas de seguridad del Estado les investigan (no confundir con espiar, que no es lo mismo), se rasgan las vestiduras y se cargan al policía. La decisión que ha tomado el presidente de destituir a Paz Esteban no solo atenta contra la meritocracia, va mucho más lejos. Ha entregado al ladrón la pistola y las llaves de la cárcel. Ya sabemos a dónde nos lleva.