El derecho fundamental

El derecho fundamental en el ordenamiento jurídico español es el aborto. No es el derecho a la vida, vulnerado por el aborto, la eutanasia y otras inmoralidades. No es la libertad, atacada en distintos frentes, por ejemplo, las leyes totalitarias sobre la memoria histórica y democrática o las agresiones a la libertad de expresión. Tampoco lo es el derecho de propiedad, aunque solo fuera por la insoportable carga fiscal. El verdadero derecho fundamental es el aborto. Ningún otro disfruta de tantas garantías para su ejercicio ni se encuentra más intensamente protegido.

Las adolescentes entre 16 y 18 años podrán abortar sin consentimiento, ni siquiera conocimiento de sus padres. Barra libre. No pueden beber cerveza, comprar tabaco, ni siquiera ir al fútbol sin compañía de un mayor de edad, pero sí pueden abortar. La legislación que se pretende aprobar elimina además el requisito de proporcionar información a la mujer. Esto entraña una gravedad inaudita en la que quizá no se ha reparado lo suficiente. Para realizar una sencilla operación, como extirpar un grano o el apéndice, se requiere el consentimiento informado del paciente. No digamos para otras intervenciones más complicadas o arriesgadas. Los medicamentos contienen una información en muchos casos poco tranquilizadora, aunque no es obligatorio leerla. Pero, para el aborto, basta con el consentimiento desinformado. No vaya a ser que se enteren de qué va la cosa. También prevé fuertes restricciones a la objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad. ¿Cómo van a poder objetar contra el derecho fundamental? Las menores de edad seguirán teniendo las mismas dificultades para encontrar un trabajo estable o una vivienda, pero, eso sí, podrán abortar con toda libertad.

Toda niña al nacer, antes que el derecho a la vida, a la asistencia sanitaria, a vivir en el seno de una familia estable, a la educación, a no sufrir malos tratos, antes que todo eso, tendrá el sacrosanto derecho a abortar, convertido en piedra angular de la dignidad de la mujer. Pero nadie le dirá que tiene derecho a abortar. Le dirán que tiene el derecho a interrumpir su embarazo. Como si se tratara solo de detener un proceso natural y no de acabar con la vida del embrión. En realidad, ya nadie tiene derecho a la vida. La vida es un mero accidente biológico transitorio. Y la muerte se ha convertido en un derecho, y, por lo tanto, matar en un deber médico. Viva la muerte y muera la inteligencia. Antonio Machado proclamó que, de diez cabezas, nueve embisten y una piensa. Y acaso realizó un cálculo piadoso derivado de una contabilidad benevolente.

Bien podrían formar parte de una futura Constitución, artículos como los siguientes: «Todas tienen derecho al aborto». «El aborto es el fundamento de la Constitución sobre el que se asientan todos los demás derechos». ¿Y el padre? ¿Tiene algún derecho? Me refiero, por supuesto, al padre del embrión. No tiene derecho a prestar su consentimiento. No tiene ni siquiera el derecho a ser informado. Esto forma parte del eclipse de la paternidad. En realidad, solo hay maternidad.

Pensábamos que la actual legislación no podía ser empeorada. Y nos equivocamos. Además, esta nueva reforma se intenta aprobar cuando el Tribunal Constitucional no se ha pronunciado aún sobre la constitucionalidad de la regulación vigente.

No padecemos solo una profunda crisis moral, sino también una decadencia de la inteligencia. Ambas cosas suelen ir unidas. Jean-François Revel sentenció que la principal fuerza que dirige el mundo es la mentira. Cabría sostener que hoy es la estupidez. Las civilizaciones y las naciones pueden morir por suicidio o por renunciar a sus principios y valores constitutivos. Y también pueden extinguirse por el declive de la inteligencia, es decir, por estupidez.