Barullo

Cataluña tiene embajadas. Resulta extraño. Y las embajadas catalanas, cuyo único fin es promocionar fuera de nuestras fronteras el independentismo catalán, las pagamos y financiamos todos los españoles. Cataluña, que es una mera comunidad autónoma, gasta en política exterior con dinero público español cinco veces más que el presupuesto de la Casa Real. El Ministerio de Asuntos Exteriores, cuyos diplomáticos tuvieron en el pasado prestigio internacional, pelan la pava, porque si se oponen a pelar la pava, los pelados son ellos.

No se trata de una incoherencia, y menos aún, de un contrasentido. Cataluña es especial. Sevilla tiene un color especial y Cataluña una moral especial. Todavía no han juzgado a Jordi Pujol, que gracias a las comisiones que percibió en su bolsillo procedente del empresariado y los más distinguidos grupos familiares de Barcelona, dícese que guarda en Suiza, Liechtenstein, Andorra, San Marino o Mónaco una fortuna de 3.000 millones de euros. Y no se le juzga porque es catalán, que de haber sido alcaldesa de Valencia o presidente de esa Comunidad (Rita Barberá o Francisco Camps) estarían cumpliendo años de prisión por un bolso de Hermés y cinco trajes. Rita no, porque fue asesinada por propios y extraños con el puñal del deshonor.

«Organización criminal». Así fue definida por la Udef de la Guardia Civil, de acuerdo a la documentación investigada, la familia Pujol. El problema es que si Pujol, el jefe de la banda, su mujer y sus niños no han sido juzgados todavía –sí dos de ellos, por causas menores y ya están bailando sardanas– se debe a regates y retrasos impuestos por los diferentes Gobiernos de España a la justicia. Los Pujol conforman una familia de hondas raíces cristianas. Y han decidido que a ellos, por unos pecadillos terrenales solo Dios está autorizado para juzgarlos. ¿Qué son y qué significan tres mil millones de euros en los Azules Infinitos? Nada. Por otra parte, si ellos han medrado, si los empresarios y los miembros de las mejores familias de Cataluña les han regalado miles de millones de euros a cambio de una cierta tranquilidad en sus negocios y patrimonios, los Pujol solo pueden ser juzgados por velar, estabilizar y apoyar el desarrollo de los negocios y patrimonios de la alta y media burguesía de Cataluña, y tan loable menester no puede ser considerado delito. De ahí que lo recomendable es que los españoles que hemos nacido en tierras de España alejadas de Cataluña, optemos por no intentar comprender lo que allí sucede. Pero digo yo, humilde madrileño afincado en Cantabria, que si Revilla se deja de anchoas y abre, como termina de hacer Aragonés y la Generalidad de Cataluña, unas «embajadas» al más alto nivel político en Washington y Eslovenia, se enfadaría con Revilla hasta Bertín Osborne, su íntimo. Yo, en cambio, le aplaudiría, porque me gusta estar representado en Washington y Eslovenia, y ahora más que nunca, cuando ya no nos representan ni las embajadas ni los consulados de nuestro Ministerio de Asuntos Exteriores. El problema es que si Cantabria abre embajada en Washington, se va a retrasar aún más el AVE hasta Reinosa, y yo les deseo a mis nietos que puedan celebrar algún día lo que a mi generación y la siguiente en cronología nos ha sido vedado.

De ahí, que si Cataluña derrocha el dinero de los españoles en sus embajadas y chiringuitos para conseguir el apoyo internacional a la mutilación de España y el Gobierno de España se lo permite, ¿quiénes somos los españoles para obstaculizar tan magno proyecto internacional? Tenemos que aprender a callarnos y aceptar que la política exterior de una comunidad multiplique por cinco los presupuestos de la Casa Real, que es también la Casa del Rey, y asimismo la Casa del Jefe del Estado. Todo lógico.