Quiero ser separatista catalán y no pagar las multas
¿Por qué tengo que abonar las sanciones y cumplir con la ley y esa tropa no? Millones de españoles se hacen esa pregunta
Realmente la tarde del sábado podía haber concluido algo mejor para mis intereses. Primero, mi equipo, el malhadado Dépor, pinchó en su partido por el ascenso, con lo que se queda en el subsuelo de la Segunda B. Ya me dirán por qué a Amancio Ortega y a su hija no les dio por el fútbol en vez de por los caballos, los coruñeses jugaríamos la Champions todos los años…
Acto seguido, cuando llegué a casa después del trabajo, todavía con el palo futbolero a cuestas, me aguardaba la sorpresa de una multa de tráfico. Era por exceso de velocidad: ir a 131 en zona de 120, en una de esas avenidas de muchos carriles que entran a Madrid. La multa tenía su solera, pues databa de hace 13 meses. Ni siquiera sabemos si conducía mi mujer o yo (debía ser ella, pues salí ileso je je). La carta con la receta la habían enviado a un piso donde ya no vivimos, así que no nos enteramos, perdiendo el descuento del pago rápido. Pero finalmente la autoridad nos ha localizado, por supuesto: la Agencia Tributaria nos comunica que procede a un embargo en nuestra cuenta para cobrarse la sanción.
Si íbamos más rápido de lo debido no queda otra que callar y pagar. Es la ley. Hay que cumplirla. E incluso aunque no quisiésemos abonar la multa acabaríamos teniendo que hacerlo, nos obligarían. Pero un pensamiento insidioso me vino enseguida a la mente: ¿Por qué este eficacia y celo sancionador, que rige con todos los españoles, queda en suspenso cuando se trata de los separatistas catalanes?
El Tribunal de Cuentas sancionó el año pasado con una multa de 5,4 millones a 34 dirigentes independentistas catalanes, que entre 2011 y 2017 malversaron dinero público para dedicarlo a promocionar en el extranjero el llamado «procés». Es decir: destinaban fondos públicos de una región rescatada por el Estado a promover la ruptura de ese Estado. Para no pagar, al consejero de Economía separatista, Jaume Giró, al que echaron en su día por trepa del banco donde trabajaba, se le ocurrió una bomberada: la Generalitat pagaría la sanción y listo. Pues bien, a pesar del asombro y quejas del Tribunal de Cuentas, acabó saliéndose con la suya, con la complicidad de Sánchez. ¿Resultaría normal, o admisible, que yo le pidiese a Ayuso que se hiciese cargo de mi multa? Huelga decir que plantear algo así es una estupidez. Sin embargo, es exactamente lo que ocurrió con las multas del Tribunal de Cuentas a los separatistas. Su Gobierno amigo se hizo cargo y no apoquinaron ni un céntimo. La ley no va con ellos.
Idéntico modus operandi se ha repetido con la sentencia que ordena impartir en Cataluña un 25 % de las clases en español. No les gustaba y no la han cumplido. Han montado un fraude de ley para fumarse la sentencia y a correr…, de nuevo con la complicidad de Sánchez y el PSC.
Un país donde la ley no es igual para todos tiene sembrada en su interior la gangrena del estado de derecho. Asombra la tolerancia pastueña con los españoles aceptamos estos desafueros. Algunos incluso votan al sujeto que los hace posibles.