Según la psicología clásica, las potencias o facultades del alma son la memoria, el entendimiento y la voluntad. Ninguna de ellas debe ser objeto de regulación jurídica. El Derecho regula las acciones humanas, algunas de ellas, pero es insensato legislar sobre las potencias del alma.
No se puede legislar sobre la memoria y los recuerdos, sobre qué recordar y cómo hacerlo. Cada cual recuerda como puede y como quiere. No se puede imponer la memoria ni el olvido. Sería ridículo prescribir jurídicamente la amnesia de los pronunciamientos militares en la España del XIX. Tan ridículo como obligar a que hayan de ser repudiados o ensalzados.
Tampoco los actos del entendimiento deber ser regulados por el Derecho. Es absurdo imponer una interpretación determinada de la teoría de la relatividad, o su condición de verdadera o falsa. Nada de eso incumbe a un legislador sensato. Pero, por lo que se ve, también es posible un Derecho necio. Da un poco de risa pensar en un artículo de la Constitución que prescribiera que las leyes lógicas regirán en todo el territorio nacional, excepto durante los estados de alarma, excepción y sitio, en los que quedarán suspendidos, o que el principio de no contradicción no será aplicable al Gobierno por constituir una inaceptable limitación de la soberanía popular. Un decreto podría decidir la calidad imprescriptible de, por ejemplo, la pintura de Velázquez, o también su condición reaccionaria que obligaría a la pública incineración de sus anticuados lienzos. Por cierto, también habría que acabar con el Cuerpo de conservadores de Museos, precisamente por su carácter conservador.
Los actos de voluntad no son asunto del Derecho, salvo si se plasman en acciones. Si alguien empuja a un vecino escaleras abajo, comete un delito o una falta, pero si se limita a desear que se caiga, su deseo es irrelevante jurídicamente. Otra cosa es la relevancia jurídica de la intención. Pero ningún legislador juicioso pretenderá decidir lo que los ciudadanos deben o no querer. Se puede castigar que alguien haga algo, pero no que lo desee. Es posible tipificar el adulterio como delito, como motivo de divorcio o separación, como simple incumplimiento contractual o incluso como derecho, pero las leyes no pueden impedir que alguien desee al cónyuge del prójimo.
Lo que sí puede hacer el Derecho (otra cosa es que sea justo o atinado hacerlo) es declarar la nulidad de algunas sentencias emitidas en tiempos pasados. Por ejemplo, una ley puede declarar nulas todas las sentencias pronunciadas durante el franquismo que condenaron a opositores al régimen. Perfecto. Entonces, otra ley podría declarar la nulidad de las elecciones españolas de febrero de 1936 porque sus resultados fueron falsificados. Las leyes promulgadas por los reyes godos deberían ser declaradas nulas por sus carencias democráticas. Y así, podríamos entrar en un proceso que llevaría a la anemia, casi a la extinción, de la historia del Derecho español. Se pueden condenar los crímenes franquistas, pero no los perpetrados por el Frente Popular. El fascismo es criminal; el comunismo, una bendición. Pero, desde luego, lo que sí puede hacer el Derecho democrático es ilegalizar a los partidos totalitarios, como el nazi y el comunista.
Los futuros libros escolares de Historia acaso acaben enseñando que José Calvo Sotelo murió de tifus, que las altas temperaturas provocaron durante la Segunda República terribles incendios en iglesias y conventos y que los ayunos excesivos acabaron con la vida de centenares de miles de sacerdotes y fieles católicos durante la más excelsa etapa democrática de nuestra historia.
Cuando un legislador pretende imponer lo que hay que recordar y cómo hacerlo, lo que hay que pensar y lo que no, cómo hay que valorar los hechos del pasado y del presente, qué hay que preferir y qué desdeñar, cuando pretende erigirse en dictador de las conciencias, de la memoria, el entendimiento y la voluntad de los ciudadanos, no sólo ha dejado de ser demócrata; es que ha dejado de ser decente y sensato.
El proyecto de Ley de Memoria Democrática es, en primer lugar, una astracanada jurídica, pero, como comentaremos, Dios mediante, en próximos días, es también algo mucho peor.