Los precedentes (I)
La Ley Zapatero para la Memoria Histórica fue la bandera de salida y, como posesos, los gobiernos y parlamentos de prácticamente todas las Comunidades Autónomas se pusieron a redactar y aprobar sus propias leyes
Hay ya referencias bíblicas a la Memoria Histórica como condenación del pasado. Cuando los amalecitas, tribu de Canaán dedicada al bandidaje, asaltaron a los israelitas que huían de Egipto, Yahvé transmitió a Moisés la terrible orden que recuerda el Deuteronomio: «Cuando el Señor tu Dios te haya puesto a cobijo de todos los enemigos que te rodean, en la tierra que el Señor tu Dios va a darte en heredad para que la poseas, borrarás el recuerdo de los amalecitas de debajo del cielo. No lo olvides». Los antiguos faraones aprendieron las ventajas de esta práctica, la transmitieron a los griegos y estos a los romanos que, con su genio para el Derecho, la elevaron a categoría jurídica universal. Desde entonces, ha sido usada cada vez que el poder constituido siente la necesidad de dirigir hacia el pasado la cólera del pueblo. Esta cólera es la que, en nuestra tierra, llamó con acierto Lope de Vega la «cólera del español sentado».
Se trata de un impulso antiguo, primitivo, de borrar ciertos recuerdos incómodos, de olvidar la derrota, o, mejor, de convertir en victoria la derrota. En España tenemos la muy significativa expresión «a moro muerto, gran lanzada». Su sentido lo explicó muy bien Pérez Reverte con motivo del acuerdo de retirar al general Franco el título de decano honorífico, que , hace pocos años, adoptó el Colegio de Abogados de Madrid. Se le había concedido en 1939. Decía con sutil ironía Pérez Reverte que el acuerdo no denotaba imprudencia: habían pasado 74 años desde la concesión del título y 38 desde las primeras elecciones democráticas. Tampoco puede considerarse imprudente la concesión del título en 1939, añado yo.
Cuando Pedro Sánchez ganó la moción de censura y se convirtió en presidente del Gobierno, ya había tenido ocasión de experimentar los incalculables beneficios políticos de la Memoria Histórica y de la lanzada al moro muerto.
En España, como en tantas otras cosas, el exjuez Garzón había sido precursor en la práctica del alanceamiento. Fue en 2006. Ante una denuncia hábilmente precocinada, decidió abrir diligencias sumariales contra Franco y otros cuarenta y cuatro dirigentes franquistas, todos ellos fallecidos hacía largo tiempo. Garzón fue acusado del delito de prevaricación por esta bizarra iniciativa, pero quedó absuelto. Ahora bien, su desplante procesal no cayó en saco roto y, un año después, el gobierno de Zapatero consiguió la aprobación de la que se llamó oficialmente «Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura». El título de la Ley es claramente falsario, y, en puridad, debería haber sido: «… En favor de los que, en uno de los dos bandos, el republicano, concretamente, padecieron…» El sectarismo es consustancial a la Memoria Histórica.
La Ley Zapatero para la Memoria Histórica fue la bandera de salida y, como posesos, los gobiernos y parlamentos de prácticamente todas las Comunidades Autónomas se pusieron a la labor de redactar y aprobar sus propias leyes de Memoria Histórica; es innecesario decir que cada una de ellas tiene la suya propia, con matices diferenciales merecedores de la debida atención. Los efectos de todas estas leyes se diluyeron poco a poco en su propia insustancialidad. En ausencia de otras alternativas de mayor alcance ideológico, Sánchez decidió incorporarse al proceso y anunció con solemnidad en julio del año pasado el envío al Congreso de un proyecto de Ley para la Memoria Democrática. Como buen manejador de los tiempos, lo ha mantenido congelado un año en la comisión, y, ahora, ante la ausencia de nada mejor que hacer, lo ha aprobado aceptando generosamente las enmiendas de Bildu para evitar mayores grietas en la coalición gubernamental.
El título del proyecto de la ley nos anuncia que no nos encontramos ante algo baladí, ni mucho menos. Se ha profundizado mucho en la cuestión durante estos últimos años y se ha llegado al convencimiento de que, no obstante los progresos que se consiguieron en materia de Memoria Histórica gracias a la Ley Zapatero, aún sigue siendo precisa «la recuperación, salvaguarda y difusión de la memoria democrática, como conocimiento de la reivindicación y defensa de los valores democráticos y los derechos y libertades fundamentales a lo largo de la historia contemporánea de España, con el fin de fomentar la cohesión y solidaridad entre las diversas generaciones en torno a los principios, valores y libertades constitucionales». ¡Ahí queda eso!
Hay novedades importantes en la nueva ley para la Memoria Democrática. Si ustedes tienen paciencia y al señor director de El Debate le parece oportuno, las analizaremos en siguientes artículos.