Las tres falsedades (IV)

Los legionarios romanos y sus cónsules, humillados por la derrota ante los samnitas en la batalla de las Horcas Caudinas, no ocultaron su vergüenza. Tito Livio y los demás historiadores romanos no escondieron tampoco la humillación sufrida.

En la memoria histórica y democrática se parte de una triple falsedad que la nueva ley convierte en «verdades científicas». Hace una reescritura o, mejor, una borradura parcial de la historia y desaparece cualquier referencia a los desmanes cometidos en la república o en el bando republicano en la Guerra Civil. Desaparecida la generación de la guerra, y diluido el rencor en la de los hijos, se atribuye el protagonismo en la reclamación de justicia a la generación de los nietos. (Este movimiento lo inició tímidamente Zapatero; lo proclamaron como verdad histórica los expertos de la ONU; y lo convierte en verdad oficial la nueva ley). Por último, se declara fraudulenta la transición y la necesidad de derogar las medidas de reconciliación que se adoptaron para enterrar el pasado.

En relación con las dos primeras falsedades se ponen en marcha una serie de medidas de reparación que, una y otra vez, chocan contra el muro de la realidad de los hechos y se acaban disolviendo en la retórica, en brindis al sol, en inoperancia –costosa– del aparato memorialista, en imposibilidad práctica y jurídica de llevarlas a cabo, y en publicidad pasajera en los medios de comunicación afectos (la mayoría). La nueva ley insiste y amplía esas medidas, y a Sánchez, que lo sabe, le dan un beneficio adicional: contentar a sus incómodos socios de gobierno y distraer la atención de los ciudadanos de la inflación y otros temas de calado.

Un decreto del Gobierno de González en 1996 concedió la nacionalidad española a los miembros de las brigadas internacionales. El Gobierno de Aznar se afanó en ejecutarlo consiguiendo la nacionalización de hasta 300 brigadistas. Se hicieron esfuerzos para determinar el número de brigadistas y su localización. Los «expertos» se mueven entre 30.000 y 60. 000. El Estado financió un proyecto de I+D+i: «La memoria histórica y las Brigadas Internacionales. Diseño de un sistema digital para la transferencia de conocimiento sobre el patrimonio histórico español». Es difícil colegir qué conocimiento transfería. No sirvió para nada. Se relajaron los trámites: el expediente quedaba reducido a un simple impreso por internet. Nada. El último brigadista conocido falleció a la edad de 101 años. La nueva ley no desespera: les da la posibilidad de doble nacionalidad, y extiende el beneficio a los sucesores de los brigadistas, sin sujeción a los plazos del Código Civil.

La localización de fosas comunes y exhumación de cadáveres da trabajo a cientos de asesores y asociaciones memorialistas. El derecho a solicitar la exhumación –el de Franco era excepción– se atribuía, lógicamente, a los familiares de las víctimas. Ante el escaso éxito de la medida, los expertos de la ONU recomendaron nacionalizar el derecho de ejercitar la piedad hacia los muertos y transferirlo al Estado. Así lo hace la nueva ley.

La destrucción de recuerdos de miembros del bando nacional ha causado dolor en algunas familias, entre ellas, la mía. El sectarismo ha motivado que los tribunales hayan anulado muchas de las llevadas a cabo. Como no queda mucho campo de actuación, la nueva ley elimina limitaciones. Por ejemplo, el carácter religioso no sirvió para que la cruz de Aguilar de la Frontera en memoria de las víctimas fuera declarada símbolo fascista y arrojada a un vertedero. Con la nueva ley sería legal.

Además, se añaden nuevas medidas: la reparación de daños causados a mujeres; a miembros del colectivo LGTBI; a los perseguidos por el uso de la lengua vasca, catalana o gallega; el día 31 de octubre será día de recuerdo de las víctimas del golpe militar, la Guerra y la Dictadura; el día 8 de mayo lo será de los que sufrieron el exilio; las edificaciones y construcciones también pueden ser contrarios a la memoria democrática; por ello, el Palacio de la Cumbre de Donostia pasa al Ayuntamiento de Donostia para actividades de memoria histórica; se suprimen los títulos nobiliarios y grandezas concedidos entre 1948 y 1978; el Valle de los Caídos será llamado «de Cuelgamuros»; el Panteón de Hombres Ilustres se llamará Panteón de España; se promoverá́ el esclarecimiento de lo acaecido durante la pandemia del poliovirus durante los años 50; se aplicarán los principios de verdad, justicia, reparación y no repetición al pueblo gitano.

Gran tarea memorialista se avecina. Pero son fuegos artificiales. Lo importante en la nueva Ley es la tercera falsedad: el carácter fraudulento de la transición. Se pretende criminalizar el pasado (y el futuro) del franquismo, por encima de amnistías y prescripciones. A esta cuestión me refiero en el próximo y último artículo de esta serie.