Deber de memoria

El capítulo IV de la Ley de Memoria Democrática se titula «Del deber de memoria democrática», y el artículo 34, «Deber de memoria» afirma: «Con el objeto de preservar en la memoria colectiva los desastres de la guerra y de toda forma de totalitarismo, las administraciones públicas desarrollarán todas aquellas medidas destinadas a evitar que las violaciones de derechos humanos que se produjeron durante el golpe de Estado, la Guerra y la Dictadura, puedan volver a repetirse».

No sé qué cosa sea la «memoria colectiva». La memoria es algo personal. Varias personas pueden recordar lo mismo, pero ¿cuándo la memoria pasa a ser colectiva? La referencia a toda forma de totalitarismo está muy bien, pero no parece que el contenido de la ley se refiera al comunismo, ni que el régimen de Franco haya sido, en sentido estricto, totalitario, salvo si acaso en los primeros años. La referencia a las violaciones de derechos humanos durante la Guerra deberá incluir las cometidas en la zona republicana. Y sorprende el silencio sobre los crímenes cometidos bajo el Gobierno del Frente Popular. Parece tratarse de una memoria hemipléjica.

El «deber de memoria». Es muy razonable promover el recuerdo de los hechos del pasado. La Historia tiene algo que ver con eso. Y es muy recomendable promover el recuerdo de hechos terribles, como, por ejemplo, los crímenes de ETA. Está muy bien prevenir que vuelvan a suceder acontecimientos terribles. Pero si se trata de un deber será de un deber moral, no jurídico. No es posible un deber jurídico de recordar, ni, por tanto, un «deber de memoria». ¿Cómo se puede obligar jurídicamente a que alguien recuerde? El capítulo IV entero es un sinsentido jurídico. Por cierto, pretender determinar por ley la verdad histórica o de otro tipo es la práctica común de los totalitarismos.

Este gobierno viene haciendo gala de conceder más y más derechos, incluidos todos los seres vivos. Pero acaso ignora que los derechos no se conceden; se reconocen y garantizan. Pedro Sánchez no me ha concedido ni un solo derecho. No hay algo así como un dispensador de derechos. Ahora parece que les llega el turno a los deberes. Nos podemos ir preparando.

Vayamos a la Exposición de Motivos. Aunque es muy dudoso que se trate verdaderamente de un texto legal, tiene su Exposición de Motivos. Pero dieciséis páginas son demasiadas. Mal andan las cosas cuando es necesaria tanta y tan farragosa justificación. En realidad, los motivos no son confesables, pues se trata del odio, la venganza y el resentimiento. Como esto no se puede declarar, hay que hacer filigranas con la defensa de la democracia frente a la Dictadura. Más que exposición de motivos, es una declaración de intenciones.

La referencia a la tragedia europea no incluye noticia alguna del comunismo, uno de los grandes totalitarismos del siglo XX. Se menciona la memoria de las víctimas del golpe de Estado, la Guerra de España (ha habido varias) y la dictadura franquista, pero tampoco hay noticia de las producidas por el Frente Popular. Y esta memoria de las víctimas se persigue preservar y mantener «a través del conocimiento de la verdad». Callen, pues, los historiadores y guarden silencio los profesores. El Gobierno posee el conocimiento de la verdad. La verdadera ciencia reside en el BOE. Podemos estar tranquilos. Nos gobierna nada menos que la Verdad. El apoyo alemán e italiano es citado. Nada de la ayuda de Stalin. Son cosas que tiene la verdad.

No me resisto a la un poco larga cita: «La vigente Constitución se fundamentó en un amplio compromiso social y político para la superación de las graves y profundas heridas que había sufrido la sociedad española durante la guerra y los cuarenta años de dictadura franquista. Este consenso fue el espíritu de nuestra transición política, y ha sido la base de la época de mayor esplendor y prosperidad que ha conocido nuestro país». Más se trata sólo de un episodio fugaz de lucidez transitoria. Pues es precisamente eso lo que esta Ley, visceral y de alma totalitaria, pretende dinamitar.