Honestidad

El 26 de julio de 1529, el Emperador Carlos I de España y V de Alemania nombra en Toledo a don Francisco de Pizarro gobernador general de Nueva Castilla –hoy, Perú–. El 26 de julio de 1755, el Santo Oficio arresta y encarcela en Venecia a Giácomo Casanova. El 26 de julio de 1945, después de ganar la guerra y perder las elecciones, Winston Churchill cede el poder al laborista Clement Attle. El 26 de julio de 1986 se ahoga en la playa de Ondarreta de San Sebastián la conocida «pelotari» Vichori Urdampilleta, la «Gacela de Mendaro», al perder aire su flota con forma de cisne a veinte metros de la orilla. Y el 26 de julio de 2022, la ministra de Educación, Pilar Alegría, nos demuestra a los españoles, con contundencia y coraje, que saquear 680 millones de euros a los trabajadores andaluces es propio de gente honesta y honorable. Y ante esa contundencia, ese coraje y semejante descaro, procedo a reconocer que me ha convencido. Y me ha convencido porque no lo ha dicho a título personal, sino en nombre del Gobierno de España y el Partido Socialista. El mismo 26 de julio es llevado ante el juez, el agricultor de Villanueva de la Serena, don Darío Escubillo Ginés, por limpiar sin permiso la pequeña dehesa de su propiedad y no reparar durante la operación haber mutilado por la cola a una lagartija carpetana (elemento clave de la ZEC en terrenos ZIC –Zona de Interés Prioritario–), de la Sierra de Tormantos, catalogada como especie IEV, de interés especial y vulnerable. Don Darío se enfrenta a una condena de cinco años de prisión y a pagar una multa de 60.000 euros a la Junta de Extremadura, siempre que la lagartija carpetana no fallezca en los próximos 15 días, pues de producirse el óbito de tan preciado reptil terrestre del orden de los saurios, el próximo Fiscal General del Estado solicitará para él una pena superior a los 15 años y un día de prisión mientras se opone a que sean juzgados de nuevo los asesinos de Miguel Ángel Blanco.

Pilar Alegría es maña. Y valiente. Muchos columnistas y opinadores de las izquierdas preponderantes –Lucía Méndez, prestigiosa colaboradora de El Mundo–, han manifestado su estupor por la condena a seis años de prisión del que fuera presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y los nueve de inhabilitación del ex presidente de la misma Manuel Chaves. Resulta curioso que se haya escapado del asunto la ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, que fue durante dos años la consejera de Hacienda de la Junta mientras los 680 millones volaban de bolsillo a bolsillo, de fraude a fraude y de puticlub a puticlub, sin que ella reclamara ningún tipo de investigación. Y resulta aún más complicado de entender, que la juez Mercedes Alaya, gracias a cuya honestidad –ahora sí–, y tesón se supo del saqueo, fuera retirada de su Juzgado por el PSOE y el PP para sustituirla por una juez que intentó paralizar todas las investigaciones. El Estado de Derecho, la Justicia y la honorabilidad de la Judicatura le deben mucho a esta juez excepcional que ante todo y sobre todo, mantuvo su independencia como juez hasta que Susana Díaz con ayuda del PP consiguió apartarla de sus investigaciones. Que algún día nos tendrá que decir alguien del PP el motivo de su animadversión hacia la juez Alaya.

Lo que está claro, es que con jueces como Alaya y magistrados como Llarena, la columna que sostiene el Poder Judicial de nuestro sistema democrático, si bien perforada de aluminosis, aún no ha sido derribada.

Pero está claro y sean capaces de archivarlo en sus sensaciones y pensamientos. Saquear desde el poder socialista 680 millones de euros, es propio de políticos honrados, respetables, honorables y consecuentes. Lo ha dicho Pilar Alegría, y punto.