Ocurrencias al por mayor
Ni los empresarios quieren aportar más de lo que ya apoquinan ni la ley la cumplen todos por igual en España. Eso lo sabe Sánchez, sus 383 asesores personales y el expansivo Gobierno que preside
Sánchez y su tropa han conseguido que la capacidad de asombro de los españoles sea ilimitada. Nada sorprende ya de sus acciones y omisiones sean de palabra u obra. Unas y otras se solapan sin solución de continuidad a cual más ocurrente y descabellada. «Chiqui» Montero celebra las recaudaciones históricas que consigue Hacienda a cuenta de la irresistible escalada de los precios como si de un logro de la brillante gestión del Gobierno se tratara. Presume la titular de Hacienda de ponerse las botas fiscales mientras los ciudadanos son cada día un poco más pobres, con menos poder adquisitivo, y el Estado más rico.
La propuesta de Núñez Feijóo de compensar la subida de precios a las clases medias y desfavorecidas con la deflactación del IRPF nunca fue valorada por este Gobierno que ha decidido aprovechar la inflación como una oportunidad para aumentar los ingresos públicos y seguir gastando sin freno, en vez de considerarla como una desgracia de consecuencias dañinas para la economía y el empleo a corto y medio plazo como ya se ha observado con los negativos datos del empleo en el mes de julio; los peores en décadas.
En medio de este frenesí recaudatorio ha pasado inadvertido, a pesar de lo sorprendente incluso para los supuestamente aludidos porque resulta increíble a todas luces, que Chiqui Montero asegurara que hay empresarios que en privado le dicen al Gobierno que están dispuestos a pagar más impuestos. Que desean incrementar sus aportaciones. Que ansían soportar más presión fiscal.
Tras esa afirmación habrá que concluir que la ministra de Hacienda nos toma por imbéciles. Casi tanto como Pedro Sánchez cuando responde al desafío de Ayuso contra el plan de ahorro energético con una frase que en su boca resulta purita afectación e impostura: «La ley se cumple en España». Que se lo diga a sus socios parlamentarios de ERC que han perpetrado, con su silencio y complicidad, el modo de burlar al TSJC y su sentencia sobre el castellano. Ni los empresarios quieren aportar más de lo que ya apoquinan ni la ley la cumplen todos por igual en España. Eso lo sabe Sánchez, sus 383 asesores personales y el expansivo Gobierno que preside para aprobar ocurrencias tales como prescindir de la corbata porque hay que ahorrar en aire acondicionado o para publicitar desde el Ministerio de Igualdad la validez y el derecho de unas mujeres entraditas en carnes a disfrutar de la playa como todo quisque.
Y el problema es que esa panda de indocumentados/as, que manejan miles de millones de euros desde el citado Ministerio e idean campañas tan prescindibles como ofensivas con cargo a nuestros impuestos, se creen que hasta que Irene Montero no ha llegado al Gobierno de España, en las playas de este país los cuerpos orondos estaban proscritos y las mujeres con una mastectomía vetadas.