Videovigilancia

Alberto Garzón ha presumido de que los mataderos españoles tendrán cámaras de videovigilancia, un hito europeo que supone la única contribución conocida del ministro de Consumo Gusto en los últimos dos meses.

Habrá quien piense que Albertito ha estado vacacionando por encima de nuestras posibilidades, pero en realidad ha asumido el sacrificio de experimentar en sus heroicas carnes el derecho al descanso prolongado, inmolándose sin dudarlo un segundo en favor del proletariado.

Cada día aparece un ganadero en los medios anunciando el cierre de su explotación, por la imposibilidad de costear el inmenso gasto que supone la factura eléctrica, el pienso, el fuel o cualquiera de los suministros necesarios para su actividad, gravados todos por el Gobierno con hasta un 50 por ciento de recargo fiscal.

Y si las cuentas le dan para asumir ese atraco, el fuego que ha convertido el 90 por ciento de España en zona catastrófica, con declaración formal al respecto de un Gobierno que presume de ello en lugar de avergonzarse, churrascará sus vacas y ovejas en una parrilla gigante involuntaria.

En ese escenario, similar al de unas monjitas de Pamplona que han pagado 21.000 euros de luz en julio en su hogar de caridad para ancianos y al de cualquier humilde comerciante de la España racionada, Garzón ha entendido que la prioridad era instalar cámaras en los mataderos para garantizar el bienestar de todas las especies, con la excepción del cordero, protagonista del degüello masivo del Día del Sacrificio, que llena de sangre unas pocas ciudades y de silencio todos los despachos garzonitas.

Los mismos que señalan a la ganadería, olvidan al sector pesquero, denigran al campo e insultan a los cazadores consideran ahora que en los mataderos hay que matar inclusiva y videovigiladamente, tal vez con algún familiar de Garzón en la central imitando al comisario soviético de La vida de los otros, pero sin su arrepentimiento.

El modus operandi del Gobierno queda así definitivamente instalado en la criminalización de la víctima, el recurso que ha descubierto Sánchez para aplicar la máxima de Concepción Arenal de que, cuando la culpa es de todos, no es de nadie.

El sobrecoste de la luz y del gas, escandaloso e injustificado, tiene por respuesta la aprobación de un decreto caníbal que señala al pobre comerciante y le amenaza con una multa millonaria. El hundimiento del sector primario encuentra por réplica la instalación de cámaras en los mataderos, la acusación a la ganadería intensiva y la expulsión de la flota española de los caladeros de pesca tradicionales. El precio del gasóleo se camufla con la persecución a los coches antiguos y la exigencia de vehículos eléctricos que casi nadie puede pagar.

Y hasta la pavorosa epidemia de incendios, prevenibles en buena medida si la Administración gastara sus ingentes recursos en la sociedad y no en sí misma, se solventa señalando a un imbécil con colilla o a esos rudos nativos de campo a los que se prohíbe recoger madera o una piña del monte.

España es una catástrofe total, y a la ineficacia en los remedios se le añade ya definitivamente la inversión de responsabilidades: el Gobierno no está para subsanar los estragos que provoca o cuando menos no sabe evitar, sino para culpar a los damnificados y hacerles sentir que todo lo que les pasa se lo han buscado.

Si ya ponen escuchas en los mataderos, mientras se esconden sistemáticamente del escrutinio público y pisotean los reiterados varapalos del Consejo de Transparencia por su escandalosa opacidad, lo siguiente ya solo puede ser abrir granjas intensivas de ciudadanos sumisos: el ensayo fue el confinamiento, derivado de los clamorosos errores previos en la contención del virus, y aunque la videovigilancia constitucional activó las alertas, Sánchez decidió apagar las cámaras. Porque un cerdo tiene más derechos que un ser humano.