Yolanda Díaz sube los impuestos y no te has enterado

Yolanda Díaz ha decidido volver a subir los impuestos, pero lejos de esconderlo o camuflarlo un poco, se ha vanagloriado de ello con su estrépito habitual: debe ser agotador hacer historia cada cinco minutos, pero en el caso de la vicepresidenta ese esfuerzo le merece la pena. No se puede cambiar un país de arriba abajo sin dejarse unas kilocalorías diarias en el empeño.

La cuestión es la siguiente: subir el SMI, como va a hacer de nuevo, no genera necesariamente puestos de trabajo en una economía asfixiada, pero sí eleva las cotizaciones de todos los empleos existentes. Es decir, el Estado retiene más dinero del trabajador, abonado en un 5 por ciento por él y en un 95 por ciento por su empresa, sin que en ese viaje confiscatorio se incluya al menos la generación de empleo, salvo en las estadísticas maquilladas del Gobierno para convertir al parado en un fijo discontinuo eterno.

Solo la prosperidad genera mejor trabajo, mayores retribuciones y más movilidad laboral: las empresas pagan mejor cuanto más ganan, y protegen mejor a sus trabajadores cuanto más riesgo hay de que se los lleve la competencia.

Y entre medias de esa certeza empírica, conviene habilitar una legislación laboral para evitar los excesos que todas las partes puedan cometer y reconocer los derechos razonables que devengan de ese matrimonio entre el riesgo empresarial y el esfuerzo de la mano de obra.

Alimentar el enfrentamiento entre partes asociadas por interés mutuo como valor hegemónico de esa relación, puesta en sospecha, no es más que el truco barato de la política de saldo para intermediar donde no hace falta y aprovecharse de ambos sin que nadie se dé cuenta.

En los últimos lustros los costes laborales han subido un 45 por ciento, sin que ese formidable crecimiento repercuta en la calidad de los salarios, bajos en una España que los reduce aún más por la galopante inflación y el monstruoso esfuerzo fiscal de las rentas de trabajo y, también, de la actividad empresarial.

Subir los salarios, sin necesidad de asfixiar a las empresas, sería tan sencillo como reducir la voracidad del Estado sobre cada nómina: se puede ganar bastante más, con el mismo coste para el empleador que además hace de recaudador gratuito para la Seguridad Social, con el sencillo procedimiento de no quitarle al trabajador cerca del 30 por ciento de lo que en realidad paga su empresa por él.

Un porcentaje que se justifica en el sostenimiento del Estado de Bienestar, sí, pero que en realidad mantiene también el Bienestar del Estado, resumido en los 65.000 millones anuales de gasto superfluo que despilfarra la industria política española, el único sector que nunca entra en recesión.

Para ganar 15.000 euros al año una empresa debe pagar en torno a 20.000, sin que el receptor de ello sea consciente porque nunca llega a verlo, más un compendio de impuestos, trámites, tasas y todo tipo de barbaridades económicas y administrativas que convierten el trabajo de empresario tipo de España, un pequeño comercio o una empresa familiar, en una temeridad suicida.

Y al trabajador le ocurre lo mismo: mientras mira a su empleador como un enemigo o, en el mejor de los casos, como un ente distante, las manos siniestras del Estado le quitan, entre pitos estatales y flautas autonómicas o municipales, cerca del 50 por ciento del dinero que se ha ganado con el sudor de su frente.

El día que el trabajador medio y el empresario habitual descubran que son víctimas del mismo abuso, y dejen de suscribir la empobrecedora idea de que lo suyo es un pulso entre vagos y cabrones, España podrá parecerse un poco más a Dinamarca y un poco menos a Grecia. Mientras, a solazarse con Penélope Glamour, que nos ha subido los impuestos a todos con la excusa de que creará trabajo para nadie. Entre aplausos sorprendentes de las víctimas del robo.