Las listas negras de Irene Montero

En Estados Unidos, que pese a todos sus problemas sigue siendo todavía el primer país del mundo, se está produciendo un ilusionante movimiento social, político y jurídico a favor del derecho a la vida y por lo tanto contrario al aborto. Parece lo normal. El debate sobre el aborto no es un asunto ideológico o religioso, como se suele plantear. Vote lo que vote una persona, tenga la fe que tenga, cualquier ser humano con la conciencia en su sitio que vea una ecografía, con el nivel de precisión que hoy ofrecen, concluirá que no es admisible matar a ese ser humano succionándolo con un aspirador, o bisturí en mano. Simplemente hay cosas que no se deben hacer.

Paradójicamente, la izquierda, cada vez más confusa, confundida y huérfana de ideas, ha adoptado el aborto como una de sus banderas estelares. Pero hasta ellos mismos deben saber en su fuero interno que se trata de una causa nada presentable, pues sistemáticamente se refieren a esa salvajada empleando el eufemismo de «el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo» (argumento inválido, pues existe una segunda vida, que es la que se procede a eliminar). La supuesta razón de ser de la izquierda a la largo de la historia fue defender a los débiles y fomentar los derechos de todos. Esa tradición convierte en amarga paradoja el hecho de que ante el aborto aboguen precisamente por lo contrario: por eliminar al débil, por privar al nasciturus de todo derecho, incluido el más básico, existir.

Pero las consideraciones anteriores le resbalan por completo a nuestro doctrinario Gobierno, pues ha convertido la subcultura de la muerte y del descarte en un punto medular de su programa político, que resulta inane en cuanto salen de las obsesiones de su ingeniería social. La fijación sectaria los está llevando incluso al extremo de adoptar medidas autoritarias. La primera fue sancionar hasta con pena de cárcel el hecho de rezar en la vía pública ante un dispensario abortista. Ahora dan otra vuelta de tuerca. Por presión de la ministra Irene Montero -de tan magro currículo que hasta que la enchufó digitalmente su pareja masculina solo había logrado trabajar unos meses como cajera- se van a crear listas negras de médicos objetores al aborto.

Es tan perogrullesco que casi resulta ocioso enunciarlo: la razón de ser de la profesión médica es sanar, curar, por lo que no hay nada más absurdo que obligar a un médico a que se dedique a matar. En puridad ya no sería un médico, sería otra cosa (tal vez una suerte de verdugo con bata blanca, que abjura del juramento hipocrático, que reza «no llevar otro propósito que el bien y la salud de los enfermos»).

La gran mayoría de los médicos lo tienen clarísimo, por eso son tantos los que se niegan a practicar abortos y eutanasias y se acogen a su legítimo derecho a declararse objetores. La Constitución Española garantiza que puedan objetar, como ocurre en todos los estados de derecho avanzados. Pero ni siquiera la ley máxima de la nación y la pauta jurídica universal suponen una barrera para los fanáticos que nos gobiernan. El Ejecutivo del PSOE y Podemos va a crear listas negras de médicos objetores al aborto (y la eutanasia). Si se niegan a cooperar, serán trasladados forzosamente a otros centros hospitalarios, lo cual en muchos casos supondrá desterrarlos a otra ciudad, pues en muchas localidades solo hay un hospital público. Existe además una presión más difusa: todo médico que se plante y se niegue a matar al nasciturus se verá señalado y perjudicado en su carrera profesional, no promocionará como los demás, porque los gestores de los hospitales son cargos políticos y, como diría Sánchez, al final manda quien manda...

El Gobierno ha decidido abolir en la práctica el derecho constitucional de los médicos a la objeción de conciencia. La ministra Montero, con una impresionante berza jurídica, ha argumentado que hay un derecho superior que lo anula, el que tienen «las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo».

Se trata de una purga gravísima de un derecho irrenunciable, fundamental, que ha llegado en el mismo mes en que Sánchez y Bolaños preparan una reforma que aspira a reinstaurar la censura en España. Insólitamente, la inmensa mayoría de los españoles miran y callan. O ni siquiera se enteran, porque las televisiones reman para la causa y el primer partido de la oposición solo se ocupa de la contabilidad mientras van rebanándonos pedazos de libertades y derechos.