España sumisa
El Gobierno ha descubierto que la miseria puede ser un negocio político, y una excusa para incrementar la dominación de una sociedad exhausta
España tiene sus reservas de gas al 81 por ciento, lo que garantiza un suministro estable para los próximos meses, sin ningún problema serio como el que sugieren las medidas impuestas por el Gobierno, las únicas en toda Europa que saltan de la necesaria pedagogía cómplice a las restricciones y las multas, ignorando el reglamento europeo aprobado en agosto que se limita a reclamar a los socios medidas voluntarias de ahorro.
La criminalización del consumo, que ya se regula en tantos hogares y comercios por la falta de dinero para pagarlo desde mucho antes del decretazo, se logró sin necesidad de activar la Policía Climática, pues, y está relacionada exclusivamente con la pobreza y el miedo a la ruina.
Para rematar el estropicio, mientras Sánchez imponía memeces con el único objetivo de señalar a Ayuso y de escurrir el bulto sobre su nefasta gestión económica (hemos alcanzado el 1.5 billones de deuda y a, corto plazo se destruirán otros 200.000 empleos), España incrementaba la compra de gas a Rusia y reducía los pedidos a Argelia, que es estéticamente algo similar a pillar a Garzón metiéndose un chuletón entre pecho y espalda mientras exigía al resto que se pusieran tibios de acelgas.
La moraleja de tanta desfachatez es inquietante: cada penalidad que viene sufriendo la sociedad ha sido utilizada por Sánchez para extender el miedo y, desde ahí, paralizar el sentido crítico de una sociedad que sin un ápice de disidencia camina irremediablemente a su reconversión en rebaño.
La pandemia, la guerra o la crisis no han tenido una respuesta gubernamental adulta, sustentada en el respeto a la madurez del ciudadano para que entienda la dimensión del desafío y desarrolle una respuesta colectiva a la altura; sino como una excusa para incrementar la dominación del Gobierno justificada en supuestas razones de seguridad o de supervivencia que además han sido ineficaces: al final tienen que bajar el IVA del gas, que antes era fascista, o ver subir el paro y la temporalidad, pese a la contrarreforma chulísima que prometía el maná laboral.
La consecuencia objetiva de estos años de penalidades sobrevenidas y decisiones políticas ha sido el mayor empobrecimiento de España desde la Guerra Civil y, paralelo a ello, la peor regresión de libertades en décadas y la mayor intervención del Estado en todos los órdenes de la vida: lejos de entender que el cúmulo de desastres requería un refuerzo de la autonomía del ciudadano, el Gobierno ha apostado por su sumisión, ensayando toda suerte de mecanismos de control con el confinamiento absoluto como emblema de ello.
Encerrarte en casa, hacer colas para llenar el botijo, apagar la luz a las 10, poner el aire a 27 o extender la mano para recibir un triste subsidio son la guinda de un pastel que se ha ido horneando con leyes liberticidas e invasivas que demuestran la utilización del miedo como herramienta de control social: la educativa, la transexual, la de eutanasia o la de secretos oficiales evidencian que Sánchez se ha servido del desastre, inducido a menudo por él, para incrementar su dominio y justificar sus excesos.
«Salimos más fuertes», dijo varias veces a mitad de pandemia. Y aunque nos lo tomamos a mofa, era una advertencia que ha cumplido escrupulosamente: se refería a él, un pequeño César convencido de que la miseria es un gran negocio político y de que el racionamiento es un bozal inmejorable si a cambio de tu alma te da unas tristes migajas.