Consuelo, Gorka, las víctimas

Quiso la casualidad que el domingo, en la víspera de la publicación de una exclusiva de El Debate probatoria de que el Gobierno ha trasladado masivamente a etarras al País Vasco para que allí les apañen el régimen de semilibertad rechazado en sus prisiones de origen, mantuviera servidor un pequeño debate con Consuelo Ordóñez y recibiera, además, un profundo desprecio de Gorka Landaburu.

De la primera, presidenta de COVITE y hermana del inolvidable Goyo, nada negativo puedo decir: como víctima, como mujer y como activista su historial la precede y, por mucho que haya quienes detecten una inquina intensa al PP, su compromiso, su valentía y su dignidad solo merecen reconocimiento.

También lo merece su posición actual, de defensa de los acercamientos de etarras a su tierra y, en consecuencia, de respaldo al Gobierno de Sánchez en este asunto: a diferencia de tantos otros que lo hacen por burdas razones ideológicas, Consuelo lo hace convencida de que se atiene a la ley, tiene el visto bueno de la autoridad judicial y se corresponde con una línea ya seguida por otros Gobiernos menos criticados por ello.

Y además añade que, a diferencia del pasado, en esta ocasión cuentan con toda la información y mantienen canales de comunicación fluidos con la judicatura y, eso parece, con el Ministerio del Interior. Nada que objetar, pues. Y mucho menos que sospechar, como algunos hacen con ligereza: las víctimas, todas y de cualquier drama, tienen derecho a decir, pensar, sentir, callar o gritar lo que estimen oportuno. Siempre.

De Landaburu, cuya cercanía al socialismo es pública y antigua, tampoco cabe hacer mención grave. Ni siquiera por llamarme «indocumentado malintencionado» o por hacerse portavoz de las víctimas, en las que también hay grados: no es lo mismo ser el hijo de Fernando Múgica, asesinado por ETA, que haber perdido dos dedos por un paquete bomba, sin quitarle relevancia a esta barbaridad.

Pero lo cierto es que ambas posiciones reflejan varias cuestiones importantes: desde luego la falta de cohesión entre las víctimas, que no viven de la misma manera el «fin del terrorismo». Para unas, el viaje hacia la paz pesa más que las discutibles paradas intermedias que se hagan. Para otras, sin embargo, el destino quedará emponzoñado si el camino no es recto y sin concesiones.

Yo me encuentro, humildemente, entre las segundas: nada justifica el bochornoso montaje urdido entre Sánchez y Otegi para conceder la libertad a plazos a asesinos contumaces, cocinando una trama de traslados, cesión de competencias y desprecio a los informes penitenciarios en origen cuyo único fin es atender las exigencias de Bildu para seguir respaldando al Gobierno.

Y nada justifica que, a cambio de que dejen de matarnos, se permita coronar la paz con una reescritura del horror resumida en varios capítulos vergonzantes: el pacto con Bildu para enmendar la Ley de Memoria Democrática y sugerir un empate en dolor entre víctimas y verdugos; la rehabilitación del líder batasuno como socio decente en casi todo; el desprecio a los mensajes de Europa para aclarar los crímenes pendientes o la impunidad festiva que homenajea a cada terrorista liberado al llegar a su pueblo son peajes inaceptables que ninguna democracia decente debe asumir.

Por dignidad, desde luego, pero también por razones prácticas: si ahora no queda claro que el impulso asesino que movió a esos canallas durante décadas es injustificable, algún día alguien igual de inhumano puede verse tentado a repetir sus andanzas convencido del relato que se está imponiendo desde que Sánchez descubrió a Pedro.

Pero más allá de todo ello, queda una pregunta en el aire. ¿Qué demonios ha pasado en España para que defender la memoria de las víctimas, sin excepciones ni medias tintas, a partir de hechos probatorios de que son menos prioritarias sus aspiraciones que la de sus asesinos, empiece a ser más polémico que suscribir la abyecta coyunda entre el presidente y el secuestrador que encabeza a la nueva Batasuna?