Rectores racistas

La Universidad Pompeu Fabra de Barcelona es una fábrica de independentistas. Tiene un rector que obliga a que se hable en catalán y si no, en inglés, para no utilizar el idioma de todos. La criatura se llama Oriol Amat y sigue tan de cerca los preceptos de la autonomía universitaria y de la neutralidad ideológica que fue diputado de Junts pel Sí. Allí los extremistas y separatistas campan a sus anchas. Tan es así que de vez en cuando acosan y agreden a chicos que tienen la desfachatez de pedir que les dejen aprender en castellano y que se respete la Constitución en ese trozo de su país. Esos chicos de la asociación S´ha Acabat, inscrita en esa universidad, son habitualmente víctimas de la brutalidad de los racistas y más de uno ha acabado en urgencias, con ataques de ansiedad y golpes en la espalda. Hace un tiempo invitaron a Guillermo del Valle, un abogado de izquierdas, que representa a El Jacobino, y entre todos lograron hacer oír una verdad: que no está todo perdido, que el compromiso cívico de muchos no permitirá que les echen de su país, y que hay una izquierda que denuncia la impostura de los falsos progresistas de salón que maltratan a la clase obrera y se ponen del lado de la burguesía separatista.

Con la lucha de estos jóvenes parecemos estar salvados, pero no es así. Es deplorable que al Estado lo tengan que defender en Cataluña un grupo de arrojados estudiantes que tienen que suplir la inmoralidad de sus gobernantes defendiendo sus derechos en mesas informativas pacíficas, contra lo que otros venden a cambio de un puñado de meses más en el poder. Estos chicos en Cataluña y las víctimas de ETA en el País Vasco son nuestro último dique. Estos ciudadanos anónimos se erigen como lo mejor que tenemos frente a la molicie de las élites bien amarradas a sus sueldos públicos, si no en manifiesta connivencia con la xenofobia de los independentistas. Empresarios, banqueros, editores e intelectuales no mantienen ningún tipo de compromiso con los valores de la Constitución y con el interés general. Y son gregarios del supremacismo, a cambio de invitaciones en el Liceo o palmaditas en la espalda de algún conseller. Ni pío han dicho sobre la insumisión de la Generalitat a la sentencia del 25 por ciento de clases en español.

Y de entre todos ellos, muchos catedráticos y rectores han hecho de un comportamiento abyecto su auténtica carta de presentación, alentando la discriminación de nuestra lengua, el acoso a los niños y jóvenes que quieren participar de la cultura de su país frente a la colonización identitaria. Es trágico que la batalla cultural tengan que darla ciudadanos anónimos mientras la izquierda siente una fascinación inexplicable por el nacionalismo, viejuna ideología que busca trocear un gran país avanzado y sugerente, que llegó a ser un imperio, para repartirlo entre trogloditas con sed de terruño y republiquetas.

La propaganda torticera dice que en el País Vasco y Cataluña el sentimiento antiespañol es mayoritario. Es mentira: es más ruidoso porque lo corean los poderosos. El último sondeo hablaba de un 53,35% de catalanes que se sienten españoles, y la realidad seguro que es mucho mejor. Y todo, a pesar del silencio doloso de las élites.