¿Qué hacen con mi dinero?

Desde el 1 de enero hasta el 13 de julio trabajamos para el Estado. Es decir, durante algo más de la mitad del año, según el informe anual que elabora la Fundación Civismo, dedicamos el importe íntegro de nuestro salario a pagar impuestos. Entre tasas y gravámenes variopintos, superan, de largo, el medio centenar. Con nuestro esfuerzo financiamos hospitales, escuelas, seguridad o pensiones. Pero también una estructura política mastodóntica conformada por cuatro niveles: ayuntamiento, provincia, comunidad autónoma y Estado. No es precisamente el chocolate del loro, como aducen los que nos gobiernan cada vez que asoma la tijera de recorte de gasto.

En el cumplimiento de sus funciones ejecutivas, los ayuntamientos se ocupan de asfaltar calles o encender farolas. La labor que ejercen las diputaciones para que los pequeños municipios puedan beneficiarse de servicios comunes a los que, de forma unitaria, quizá no tuvieran acceso, parece insustituible. Los Gobiernos regionales gestionan hospitales y colegios. Y en la administración central se hacen cargo de nuestra seguridad, las pensiones o la economía. No parece que haya mucho margen para recortar, siempre y cuando la gestión sea adecuada. Tampoco deben sobrar recursos en la administración de Justicia. No hay más que darse un paseo por cualquier juzgado para comprobarlo, están atestados de legajos pendientes que ni siquiera tienen sitio para archivar. Donde, a todas luces, parecen sobrar personajes es en los Parlamentos. Es tan cierto que los diputados trabajan mucho como todo lo contrario. Existe una gran anónima masa gris que se limita a pulsar un botón y, a veces, hasta se equivoca.

¿Por qué razón y en qué políticas se gastan ustedes nuestro dinero? Éste y no otro es el debate en el que tendríamos que estar enredados. Pero, a fuerza de hacer populismo con los ricos y los pobres, han logrado que perdamos la perspectiva. Posiblemente, sea lo que pretenden. Tampoco somos los ciudadanos exigentes a la hora de demandar información. Nos conformamos con indignarnos gracias las migajas que, de vez en cuando, algún titular de prensa nos proporciona: los Falcon de Sánchez, las transferencias que reciben de la SEPI los amigos de Ábalos o los contratos del ministerio de la propaganda de Montero.

Lo primero que debemos exigir es transparencia. Es lo que hacemos cada vez que decidimos comprar en un comercio: valorar la mercancía y decidir si el coste nos parece justo. Pero, víctimas del síndrome de Estocolmo de una socialdemocracia mal entendida, hemos comprado la idea del Estado del bienestar, no sólo sin cuestionarnos su precio o la eficiencia del gasto que hacemos, sino también si realmente estamos capacitados para pagarlo. Trabajando más de la mitad del año exclusivamente para financiar lo que nos cuesta, no llega. Así que, o estamos viviendo por encima de nuestras posibilidades o hay mucho torpe sentado en poltronas tirando alegremente nuestro dinero.