El disparate de la Memoria Democrática

Entre todas las barbaridades legislativas que hemos conocido esta semana, la llamada Ley de la Memoria Democrática es especialmente perniciosa. Un corresponsal de un medio extranjero en Madrid me manifestó su sorpresa por una crónica publicada en eldiario.es en la que se atacaba al Casino de Madrid por tener en su interior –discretamente– sendos bustos de los generales Franco y Sanjurjo, este último nombrado en su día presidente perpetuo de la sociedad. Ya se ve el deseo de esta izquierda populista de asaltar la propiedad privada. Porque entrar en un club que es propiedad de sus socios y decidir lo que se puede tener allí o no es una violación de los derechos más básicos. Y el siguiente paso será obligar a esos mismos clubes a retirar la lista de los socios caídos –y en bastantes casos asesinados– durante la Guerra Civil Española. Al fin y al cabo, con esta ley en la mano, pretenden exhumar a José Antonio Primo de Rivera que fue asesinado por el Gobierno de la República tras un proceso judicial sin las más mínimas garantías. Lo que demuestra que lo único que no quieren es la reconciliación.

Como muy bien ha sostenido nuestro colega en estas páginas de El Debate Emilio Contreras, que es el presidente de la Asociación para la Defensa de los Valores de la Transición, desde el primer momento la intención de la Cortes Constituyentes fue reparar los daños causados por la contienda. Y como esos perjuicios ya habían sido compensados en el lado vencedor, el objetivo fue compensar a los del lado perdedor. Así, con las leyes que se aprobaron con los gobiernos de UCD –que nunca tuvo mayoría absoluta– se reincorporó a sus puestos a todos los funcionarios civiles y militares expulsados tras la guerra con el rango, el sueldo o la pensión que les habría correspondido de haber estado esos años en funciones. Siempre recuerdo el ejemplo de Julio Cerón, uno de los fundadores del Felipe –organización política izquierdista– que había sido expulsado de la Carrera Diplomática. Cerón era un genio locoide que se expatrió en Francia y vivió en un castillo con puente levadizo. Lo primero que hizo José Pedro Pérez-Llorca cuando llegó a Exteriores fue restituir a Cerón al escalafón.

Con sólo presentar un certificado emitido por un ayuntamiento, se indemnizó con 100.000 pesetas -que hace 45 años era muchísimo dinero - a los herederos de todos los muertos en la guerra de uno u otro bando, en los frentes y en la retaguardia. A los partidos de izquierda, que básicamente eran los que habían mantenido una estructura en el exilio, se les devolvió todo su patrimonio inmobiliario incautado tras la guerra. Y si esos edificios habían sido derribados, se les compensó con los de los sindicatos verticales. Este afán de reescribir la Historia obviamente impedirá que con esta ley se enseñen hechos históricos incontestables como que el último golpe de Estado que ha triunfado en España lo dio el dirigente socialista Julián Besteiro el 5 de marzo de 1939 contra el Gobierno de la República que presidía Juan Negrín. Las intenciones de Besteiro probablemente eran benévolas pues quería acabar con la guerra, que acertadamente consideraba perdida. Pero la historia está llena de golpes de Estado con intenciones más o menos buenas. Y el presidente Negrín tuvo que huir.

Lo que los medios afines al Gobierno están ocultando a sus seguidores es que esta Ley de Memoria Democrática es una iniciativa contra los socialistas y comunistas que pactaron la Transición. Después de las elecciones el 15 de junio de 1977, de las que salieron las Cortes Constituyentes, la primera ley que aprobaron esas cámaras fue la Ley de Amnistía. El proyecto de ley fue redactado por socialistas y comunistas y aprobado casi por unanimidad. Y ahora pretenden perseguir delitos de memoria hasta 1983. Es el disparate total.