El ejemplo de los Primo de Rivera

La reacción de la familia Primo de Rivera ante la decisión del Gobierno de la nación de exhumar los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera ha sido de una dignidad ejemplar. Y han conseguido impedir el circo que sin duda se pretendía hacer de su familiar con esa gran mentira, la «Ley de la Memoria Democrática», en la mano. El Gobierno ha aparentado (falsamente) su satisfacción por el hecho de que la familia de José Antonio cumpla la nueva ley. Pero lo que la familia Primo de Rivera está aceptando, en su legítimo beneficio, es una parte mínima de esa ley y a la contra de lo que pretendía el Gobierno. Porque el Gobierno quería enterrarlo con cámaras de televisión, en el propio monasterio, en un nicho entre el gran número de caídos de ambos bandos, para «igualarlo» con otras víctimas de la contienda muertas en combate. Y no, José Antonio no murió en combate: fue asesinado. Pero volveremos sobre eso. Las interioridades de esta ley han producido un inmenso disparate que no tiene parangón en el mundo.

Según el artículo 54,3 de la nueva ley de supuesta memoria «las criptas adyacentes a la Basílica y los enterramientos existentes en la misma tienen el carácter de cementerio civil». Algo inaudito: todas las criptas laterales de la basílica, a las que se accede desde la propia basílica, no por el exterior, van a ser desacralizadas –por el Gobierno, no sabemos con qué instrumental y si directamente con los usos masónicos– y convertidos en cementerios civiles. Dentro de un mismo edificio, sin divisorias relevantes. En un único espacio, bajo un mismo techo, se podrá tener un pie en una basílica pontificia y otro pie en un cementerio civil. Estamos a la espera de conocer la opinión de la Santa Sede, que no ha tenido nada que decir en todo el proceso. Y esto ya está en vigor.

Esto ha sido una baza jugada por la familia Primo de Rivera para justificar el traslado de José Antonio, que pidió en su testamento ser «enterrado en tierra bendita y bajo el amparo de la Santa Cruz». Es decir, no en un cementerio civil.

Desenterrar a José Antonio Primo de Rivera como un promotor de la Guerra Civil Española es una infamia que genera vómito. Fue fusilado el 20 de noviembre de 1936 tras un pseudo juicio en Alicante en el que, entre los miembros de su «tribunal» sólo había un magistrado que estuvo secundado en sus funciones por sindicalistas. Cuando se pronunció la sentencia de muerte, José Antonio abrazó al magistrado Eduardo Iglesias Portal, ofreciéndole perdón porque sabía que él obedecía órdenes. Tras la guerra, Iglesias Portal marcharía al exilio del que regresaría en 1959 tras pedir la familia Primo de Rivera su indulto. Moriría en Madrid, diez años después, sin que nadie lo persiguiera por la muerte de José Antonio, que fue un asesinato con alevosía.

Lo normal sería rendir tributo a una familia que ha prestado servicios evidentes a España en tres generaciones: el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, que acertada o equivocadamente encabezó el Gobierno de España entre 1923 y 1930. Tras ello se fue al exilio a París donde murió de pena apenas dos meses después de llegar. El hijo de éste, José Antonio Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, fundador de un movimiento político populista que nunca alcanzó el poder, pero fue utilizado por el general Franco durante su larga permanencia en la más alta magistratura. Y Miguel Primo de Rivera y Urquijo, nieto del primero, que jugó un papel clave en el harakiri de las Cortes franquistas. Grandes como son los méritos de los tres, para el socialcomunismo que padecemos, urge borrarlos todos. Que les vayan dando a ellos, a todos esos socialcomunistas.