Alerta antifascista

Una historia real: matrimonio con dos hijos, por traslado laboral durante un año, decide poner en alquiler su vivienda habitual, convirtiéndose en inquilinos en su nuevo destino. Calcularon que, con la mensualidad que percibirían por su casa, les llegaría para pagar la de su nueva residencia, manteniendo su nivel de vida. No tardaron en darse cuenta de que no iban a cobrar, habían topado con «inquiokupas». Tuvieron que esperar más de tres años en recuperar el inmueble y, cuando lo hicieron, se tuvieron que gastar una fortuna en rehabilitación y mobiliario, a la que había que sumar la que ya habían desembolsado en impuestos, facturas de luz, agua y calefacción, procurador y abogado. La oportunidad profesional se convirtió en pesadilla vital. Algunos afectados tienen que hacer frente también al gasto en psicólogo o psiquiatra que les ayude a sobrellevar la estrechez económica y el disgusto, porque a la sanidad pública no le llega con los recursos que tiene para tratar patologías mentales que no sean extremas.

No es un caso aislado. Pero, si lo fuera, ¿no tendría derecho ese ciudadano a que las autoridades salvaguardaran sus derechos? Parece que, desde que el Tribunal Constitucional consagró el derecho de la vivienda, hay derechos de primera y de segunda. Y ciudadanos de primera y de segunda también. Lo más triste es que, los que se ven relegados son, normalmente, los propietarios que cumplen religiosamente con las normas y con Hacienda. Hacen menos ruido y no tienen portavoces.

Este miércoles, Pablo Iglesias, que no sabe cómo llamar la atención, ha lanzado una nueva «alerta antifascista». Este señor, que ha sido beneficiario de un piso público y ahora es propietario de una vivienda que pocos podrían costear y a la que nadie podría acceder porque tiene protección particular de la Guardia Civil, está extremadamente preocupado porque un alcalde ha contratado a la empresa Desokupa con el fin de disuadir a los amigos de lo ajeno de entrar en las casas vacías de su pueblo. Coincido con Pablo Iglesias. Es un hecho extremadamente grave. Y no por los métodos que emplee la empresa en cuestión, que los desconozco, sino por el hecho de que una institución no pueda, amparada por la ley, hacer uso de la violencia legítima y necesaria para restituir los derechos cercenados de los ciudadanos a los que representa.

«El infierno está lleno de buenas intenciones», dice el refrán y esta es la consecuencia de una de ellas. El derecho constitucional manda a las instituciones a poner todos los medios a su alcance para que nadie viva a la intemperie, pero hemos llegado al absurdo de que el fascista es el que reclama su casa, sea persona física o jurídica, mientras que el ladrón que la okupa es la víctima. Lo próximo que nos exigirán será pagarles la letra de la hipoteca.