Sedición, la última gota
En manos del PSOE está todo perdido. Pero no así en las de Alberto Núñez Feijóo. Tiene por delante una papeleta muy delicada, de esas con las que Sánchez sabe ensuciar al adversario, pringándolo del chapapote en el que él tan bien se maneja
Los independentistas y los proetarras están apurando el último año de Pedro Sánchez para succionar hasta la última gota de leche que pueda dar la vaca, que debe su pasto y hasta su vida política a los que ahora aprietan la ubre para que derrame lo poco que le queda ya al Estado para defenderse: la Justicia. La rebaja del delito de sedición desarmará definitivamente a España ante sus enemigos, en una suerte casi de invitación a delinquir. En 2017 solo la aplicación del artículo 155 y la firme acción de los tribunales pararon un golpe que, si se consuma la componenda de Sánchez y sus socios, podría volver a repetirse sin ningún tipo de contrapeso legal y quién sabe sin ni siquiera el escudo de la Constitución, si su aplicación sigue dependiendo de este desleal y felón PSOE.
Estamos ante la política del ibuprofeno, como cacareaba Borrell, o de la desjudicialización del «conflicto», como sostienen los ministros de Sánchez. O sea, tramposa gramática que esconde que lo que se intenta es desnudar al Estado frente a los delincuentes, llámense estos etarras o separatistas. O ambas cosas, como Otegi. En manos del PSOE está todo perdido. Pero no así en las de Alberto Núñez Feijóo. Tiene por delante una papeleta muy delicada, de esas con las que Sánchez sabe ensuciar al adversario, pringándolo del chapapote en el que él tan bien se maneja. Está el PP negociando con un partido que quiere colocar a magistrados amigos en el TC para que aprueben que no se aplique el 25 por ciento de las clases en castellano en Cataluña, anomalía democrática que hasta la UE quiere investigar mandando una comisión que analice esa discriminación lingüística. Además, esos jueces probablemente mirarán hacia otro lado si se convoca un referéndum en Cataluña bajo el eufemismo de «consulta para un nuevo Estatuto» o similar. Y, por si fuera poco, mientras eso hace de día, Bolaños negocia con Junqueras y Otegi minimizar el castigo de sedición, penado mucho más duramente en Francia o Alemania (aunque bajo otro tipo legal) que en España, sellando así la absoluta impunidad de sus próximos golpes. Ya saben: tornar-ho a fer.
Y la reforma del Código Penal no quedará ahí. Está a la espera de que Bildu ponga sobre la mesa su objetivo final, su Arcadia feliz: que se derogue el cumplimiento íntegro de las penas de los sanguinarios asesinos, muchos de los cuales ya están en las celdas del País Vasco haciendo planes de futuro gracias a los billetes de libertad que Sánchez les va a expedir en breve.
En resumen, si Sánchez se aviene a sacar los Presupuestos Generales a cambio de pagar este altísimo precio, he aquí las diez consecuencias inmediatas que sufriremos.
- La vuelta impune de Puigdemont a España después de haberse choteado del Estado desde octubre de 2017.
- El regreso sin consecuencias penales de Marta Rovira, huida a Suiza.
- El fin de la inhabilitación a la que se condenó a los golpistas liderados por Oriol Junqueras.
- La desacreditación de la sentencia del Tribunal Supremo español ante los tribunales europeos.
- La humillación definitiva de la Justicia española, el último dique –perdido el decoro del Ejecutivo y del Legislativo– para defender los intereses de nuestro país.
- El desarme legal del Estado ante cualquier futuro intento –que lo habrá– de vulnerar el Estado de derecho.
- La Constitución será papel mojado, una suerte de invitación a una próxima insurrección.
- Bildu tendrá el campo expedito para cambiar el artículo 76 del Código Penal que Aznar reformó en febrero de 2003 para que los asesinos cumplieran íntegramente la condena.
- El PSOE tendrá que explicar a los extremeños, castellano-manchegos o canarios, en la primera etapa volante del año electoral próximo –mayo de 2023–, tamaña tropelía.
- Si el PP consiente que, mientras negocia con Moncloa la renovación del CGPJ y del TC, se fragua esta componenda, tendrá muy difícil justificarlo ante su electorado.