La ley necia

La ley para la garantía de la libertad sexual (o algo así) ha comenzado a dar sus frutos naturales: reducción de penas por delitos contra la libertad sexual y, por ello, algunas excarcelaciones de delincuentes. Se trata de una ley innecesaria porque su objeto pertenece al ámbito del Código Penal. No es necesaria, como no lo es una ley para garantizar el derecho de propiedad o la integridad corporal. Pero además de innecesaria es un bodrio jurídico hijo de la incompetencia y el furor ideológico. Es necedad conseguir el efecto opuesto al deseado. Su primer responsable es quien lo gestó, cuya incompetencia jurídica, entre otras, es rotunda y notoria. Pero sería grave injusticia dejarla sola como único responsable del desafuero. Las decisiones del Consejo de Ministros son colegiadas y, por lo tanto, de ellas ha de responder el Gobierno. Y, dentro de este su jefe, el presidente, quien perpetró el nombramiento, no ciertamente el único, de alguien que nunca debió ser ministro del Gobierno de España. No es esta solo la ley Montero. Es también la ley Sánchez.

Una primera solución, aunque no pueda ya borrar el mal hecho, sería el reconocimiento del error y la modificación de la ley. O, quizá mejor, la dimisión de la ministra. Pero la soberbia unida a la ignorancia no suele favorecer el valeroso acto de la dimisión. Podría proceder el presidente del Gobierno a su cese, pero tampoco es hombre muy dado a la rectificación. Por otra parte, tendría que hacerlo con inusitada frecuencia. Además, la estabilidad de su poltrona depende, entre otros apoyos de Podemos, con quien gobierna en coalición. Por ese lado, parece que hay que abandonar toda esperanza.

Pero la torrencial cascada de responsabilidades no termina en el Ejecutivo, sino que anega también al Legislativo. Todos los grupos parlamentarios, excepto el Partido Popular y VOX, votaron con entusiasmo a favor del engendro. Y ya que estamos en el ámbito jurídico, cabe hablar de error culpable, ya que las advertencias sobre los efectos que tendría tan profundo disparate legislativo fueron generosamente anticipadas.

Supongo que criticar a una ministra le convierte a uno en reo de nefando machismo. Para intentar compensarlo, afirmaré mi acuerdo entusiasta con las declaraciones de la senadora Ruth Goñi y la presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura, María Jesús del Barco Martínez.

Uno puede contemplar hasta con simpatía las inanidades proferidas por jóvenes que no han concluido su proceso de alfabetización en una asamblea de la 'Uni', pero de ahí a hacerlos ministros hay una abismal distancia. Hay quienes enferman de ideología, pero, si no son rematadamente necios, consiguen ocultar el morbo que padecen, salvo a los expertos. Pero si se han graduado con aprovechamiento en necedad, la cosa tiene mal pronóstico. Uno de los efectos secundarios perniciosos de este morbo ideológico es que nubla el entendimiento a la hora de discernir lo que alguien puede o debe decir según la posición que ocupa en la sociedad. Tanto da estar en la vocinglera asamblea de la 'Uni' como en el banco azul. Tanto da conversar animadamente con los amigos como disertar desde el ambón del Congreso de los Diputados.

Quizá por eso, lo más grave de todo este episodio sean las acusaciones de la ministra, y no solo ella, al Poder Judicial, falsas, injustas y absolutamente impertinentes. Los jueces no interpretan correctamente la ley porque son machistas y necesitan unos cursillos acelerados de formación para que comprendan los misterios arcanos de la ideología de género. La especie de las mujeres machistas brota como las setas en otoño, ya que aproximadamente los dos tercios de los jueces y magistrados que han intervenido reduciendo penas en aplicación de la ley y no por propia inclinación, han sido mujeres. No recuerdo una agresión semejante de un ministro al Poder Judicial que, al menos, ha tenido la virtud de unir a todas las asociaciones de jueces y fiscales. Nuestra democracia y la Nación en general necesitan un urgente programa de salvamento.