La Transición del revés

Todo es claro y sencillo. Y terrible. El proceso continúa. La Constitución tiene virtudes y defectos, incluso alguno grave, pero defenderla es luchar por la Nación y su soberanía y por la libertad política. Y por la dignidad.

El proceso continúa. El Gobierno se apropia del PSOE entre pocas, pero notables, excepciones, como Leguina, Vázquez y Corcuera. Si uno se pregunta cómo se puede transitar de Besteiro a Sánchez la respuesta sólo puede ser degenerando. El Ejecutivo prepara la reforma del delito de malversación, a la mayor gloria secesionista, la modificación del procedimiento de nombramiento de los magistrados del Tribunal Constitucional para que un magistrado pueda evaluar la constitucionalidad de las leyes que él impulsó como ministro, y ya están en lista de espera reformas legales como la relativa a la familia y el trato a los animales.

Pero todo esto y lo ya perpetrado no son meras ocurrencias delirantes para mantenerse en el poder. La estrategia general es otra. Esto son sólo los detalles, por graves que sean. Se trata de recorrer el proceso de la Transición en dirección contraria. Si ella consistió en la reconciliación entre los españoles después de décadas de enemistad (que, por cierto, no comenzó con la guerra civil y el franquismo), ahora se trata del enfrentamiento. Si entonces triunfó la concordia, ahora se siembra la discordia. Como no hay libertad sin concordia, si antes se logró la libertad ahora se camina hacia la tiranía. Si la Transición condujo a la democracia y a la Constitución, ahora el objetivo es la destrucción de ambas. Sobre esto último, conviene no engañarse. El proceso no conduce a una mera reforma constitucional, cosa perfectamente normal si se respeta el procedimiento previsto por la propia Constitución, sino a su destrucción. El pronóstico no parece incierto. El objetivo es acabar con la división de poderes a través del sometimiento del Consejo General del Poder Judicial y controlar al Tribunal Constitucional. Una vez hecho esto, se emprende un falso proceso constituyente encubierto del que queda excluida, al menos, media España, bajo la forma aparente de una mera reforma constitucional que permita el ejercicio de la autodeterminación de las comunidades y regiones, y la convocatoria de los correspondientes referendos. Si la Transición fue «de la ley a la ley», ahora se trata de ir de la ley a la tiranía. Se trata de una inmensa falacia. Esto no sería una mera reforma constitucional, sino su pura destrucción. La Constitución procede de la soberanía nacional, y, si se suprime esta, muere aquella. La Constitución se fundamenta en la unidad indivisible de la Nación española, y, si se rompe esta, se derrumba aquella. El objetivo parece consistir en el establecimiento de una desgraciada unión de repúblicas soberanas y socialistas.

En todo este proceso, la democracia termina por morir. Literalmente. No es una frase. Porque de él quedan excluidos todos los ciudadanos que no son socialistas de Sánchez, comunistas, separatistas y nacionalistas. Al final, de lo que se trata es de que la derecha jamás pueda gobernar, porque son apestados, fascistas, antidemócratas. No son, en suma, ciudadanos. El resultado final es la abolición de lo que constituye uno de los rasgos esenciales de las democracias: la alternancia. Donde no hay alternancia en los gobiernos, no hay democracia. Sólo a título de ejemplo, Cuba, Venezuela, China, Corea del Norte, etc. Esta es la vía por la que discurre hoy la política nacional: el final de la alternancia. Y esta sí que es la verdadera perpetuación en el poder. El poder sin alternativa y la oposición perseguida. Se han traspasado casi todos los límites. Van a ser necesarias la firmeza de la derecha y la lealtad de los socialistas defensores de la Constitución. Mientras tanto, conviene no errar el diagnóstico: el Gobierno y sus aliados están desandando el camino de la Transición.