Sánchez «venezueliza» España con su peor tropelía legislativa

Ha vuelto a hacerlo. Sánchez intenta justificar la «peor tropelía legislativa de su mandato», (reproduzco el certero titular de El Debate), con la excusa de que trabaja por la convivencia en Cataluña y de que la situación es mejor que la que heredó de Rajoy. No es cierto. La aparente tranquilidad de los independentistas viene dada porque su hoja de ruta, como dijo Javier Lambán con acierto antes de desdecirse y humillarse, se va realizando con la complicidad y las concesiones del Gobierno «sanchista-comunista».

Sánchez, si no lo impide el Tribunal Constitucional (TC) la semana próxima, habrá culminado con su tropelía legislativa (tropelía: acción ilegal cometida por alguien que abusa de su poder o autoridad), el asalto al Código Penal para beneficiar a golpistas sediciosos y a corruptos malversadores de dinero público y de paso al tribunal encargado de velar por el cumplimiento de nuestra Carta Magna, modificando las reglas de juego con el único propósito de controlarlo.

No es casual que lo ocurrido en el Congreso durante el denominado «jueves negro para la democracia» guarde un paralelismo insultante con la aciaga sesión del Parlament de 2017 en la que los independentistas aprobaron las leyes de desconexión con España para proclamar su «republiqueta», con la excusa de estar legitimados por su mayoría parlamentaria y situarse por encima de la ley.

Es curioso, pero estos supuestos demócratas asaltainstituciones, devenidos en autócratas, como la excrecencia política Frankenstein que lidera Sánchez en el Congreso, justifican sus desmanes de dudosa legalidad constitucional con la falacia populista de que la mayoría parlamentaria que tienen en representación de la soberanía popular está por encima de la ley y por tanto les otorga la legitimidad para incumplirla. No cabe mayor aberración política y antidemocrática.

El golpista se cree que todo el mundo es de su misma condición y en eso incurrió la escoria Frankenstein al salir en tromba contra los populares, acusándoles de urdir un complot para amordazar al Congreso, eso dijo Sánchez, por reclamar el amparo del Tribunal Constitucional e intentar frenar cautelarmente su asalto y control mediante una maniobra legislativa cuestionada jurídicamente por los propios letrados del Congreso.

Prueba de la deriva autoritaria que han emprendido Sánchez y sus apóstoles del «sanchismo» fue la respuesta irracional del diputado socialista Felipe Sicilia rechazando, «porque no me da la gana», los escritos presentados por el PP en la comisión de Justicia que él mismo preside.

Este diputado acusó desde la tribuna del Congreso a los populares de intentar amordazar a la cámara con las togas de los jueces, como hicieron el 23-F con los tricornios, en referencia a Tejero, evidenciando tanta osadía como ignorancia, sobre el Gobierno que había en España en 1981 que no era de izquierdas sino de centroderecha.

Pero les da igual, porque la retórica «orwelliana» del «sanchismo» consiste en expender mentiras con apariencia de verdades y construir argumentos manipulados y retorcidos ad nauseam , para justificar sus decisiones iliberales y antidemocráticas como la perpetrada contra la división de poderes y el Estado constitucional.

Sánchez se ha convertido en un autócrata emulador del chavismo en Venezuela obsesionado por controlar las instituciones y los poderes del Estado. En realidad ya controla dos, el Ejecutivo y el Legislativo, y está a punto de hacerse también con el Judicial tras el asalto al CGPJ y al TC.

El objetivo es colocar en el máximo tribunal de garantías constitucionales a vocales afines que además de no revocar sus cuestionadas leyes ideológicas, respalden una consulta en Cataluña que ya ha pactado con ERC la próxima legislatura. Su escalada autoritaria, sin límites, de la mano de fuerzas políticas anticonstitucionales, de ideología totalitaria y comunista, nos lleva a pensar sin que resulte descabellado aventurarlo que hará todo lo posible por atrincherarse en la Moncloa y no dejar el poder.

Sánchez ha cruzado líneas inimaginables sin respetar los procedimientos democráticos; ha ignorado a los órganos consultivos del Estado, a la oposición y a los letrados de las Cortes, pervirtiendo la función de un Congreso al que ha despojado del debate con la connivencia de su infame presidenta Meritxell Batet; ha legislado para favorecer a políticos golpistas y corruptos y ha permitido que se deslegitime a jueces y tribunales con ataques contra su independencia y con insultos y acusaciones como el de «fascistas con toga».

Con el horizonte de unas elecciones generales lejano; con la Unión Europea presidida por una señora atolondrada por la atracción que aparentemente siente por «su sanchidad», según sugieren medios comunitarios en Bruselas, y por tanto nada interesada en reprobar su cuestionada trayectoria iliberal, sólo queda la esperanza de una respuesta contundente de la sociedad civil si abandona la zona de confort, de impotencia y resignación en la que se ha instalado.

Eso y la posibilidad de que el Tribunal Constitucional, con su composición actual antes de que sea tomado por Sánchez, preste un último servicio al Estado de derecho, y su presidente, Pedro González-Trevijano, asuma la responsabilidad de impedir cautelarmente que el Senado respalde el jueves 22, con «el Gordo» en la calle anestesiando a una ciudadanía metida en ambiente navideño, la tropelía legislativa aprobada por la mayoría populista y autocrática del entramado Frankenstein en el Congreso. Veremos.