Trampas en el solitario

Invocar la Constitución se ha puesto de moda, pero lo curioso es que ese supuesto afán de usar la ley de leyes como argumento proviene de aquellos mismos que se han hartado de demonizar el que llaman «Régimen del 78». La última en servirse de ese recurso ha sido Yolanda Díaz. La señora vicepresidenta, este fin de semana, se llevaba las manos a la cabeza en un mitin porque la política española, «de bochorno» –a su entender–, no hablaba de las cosas que importaban a la gente, como el euríbor, la cesta de la compra o los salarios. Inmediatamente después, toda su intervención se centraba en poner a Feijóo a escurrir.

Este miércoles, el objeto de su enfado han sido los empresarios. Con voz autoritaria, les ha conminado a cumplir con el mandato de la Carta Magna presentándose a una reunión para aprobar la subida del salario mínimo. Me he leído la Constitución para encontrar la orden, pero he sido incapaz de encontrarla. Mandata a los agentes sociales a pactar las políticas laborales, pero no a que las partes implicadas justifiquen y den coartada y aval con su presencia a una decisión que corresponde única y exclusivamente al Ministerio de Trabajo y que, a todas luces, les perjudica. Aun así, habrá quien crea a pies juntillas a Díaz y pida una orden de prisión contra Garamendi por querer acabar con los derechos sociales. Y no será en la tertulia de un bar, será en un mitin, en la tele o en el parlamento.

El desconocimiento supino de nuestro ordenamiento jurídico es una de las causas de los males que padecemos. Si, en 2008, llegamos a la conclusión de que la economía tendría que ser materia básica en los currículos de Secundaria, es posible que, después de la crisis institucional que nos zarandea, hagamos lo propio con el Derecho. De ese modo, evitaremos que nos cuelen, por ejemplo, el mantra de que los poderes públicos están obligados a proveer de vivienda al personal, porque lo dicta la Constitución. Que la ley invite a los gobiernos a hacer todo lo que esté en su mano para que todo españolito viva de forma digna, no significa que le tengan que pagar la subida euríbor (atentos, que Díaz lo está rumiando) o la hipoteca, porque la vivienda no está en el cuerpo de derechos fundamentales como la vida, la libertad de expresión o la religiosa. No sé si nuestra vicepresidenta y ministra de Trabajo lo sabe, sinceramente. Ella está en sumar, difícilmente le dará tiempo a leer.

Como buena maestra de Pablo Iglesias que es, Díaz pretende hacernos comulgar con ruedas de molino, las de su versión del mundo, que nada tiene que ver con la realidad. Subir el salario mínimo no mejorará la vida de la gente. Sólo aumentará los ingresos de los que tengan la fortuna de seguir contando con un empleo. Arruinará a autónomos con la automática elevación de las cotizaciones sociales, asfixiará a pequeñas empresas y agricultores incrementando los costes laborales y condenará a más españoles al paro. Pero, mientras no salgan en las estadísticas, para ella no habrá problema. Se disfrazarán de empleados cuando son fijos discontinuos, algo que, efectivamente, ya ocurría cuando gobernaba el PP. La diferencia es que antes sólo tenían esa modalidad de contrato una minoría y ahora tienen que firmarlo la mayoría de los temporales.

Con sus trampas al solitario, la vicepresidenta maquilla la realidad y empuja hacia delante la pelota para que siga rodando. Hasta que la inercia acabe. Empeñada en hacerse la foto electoral con los sindicatos, ha orillado las políticas estructurales que el mercado lleva años demandando. La desconexión entre la universidad y la empresa deja cientos de puestos de trabajo sin cubrir, en los centros de salud y en las empresas que requieren empleados con alta cualificación científica. Los avances tecnológicos expulsarán a otros tantos activos, sin formación continua a su disposición para adaptarse a una realidad laboral mucho más exigente. El resto lo hará ella, que, de tanto exprimir a la empresa, acabará por cargársela. Y la guinda del pastel la pondrá Pedro Sánchez: la inseguridad jurídica generada por su asalto a las instituciones se traducirá, más temprano que tarde, en una retracción de las inversiones.

Los economistas aventuran un 2023 complicado, con una inflación elevada y subidas de tipos de interés. Pero auguran también una rauda recuperación en 2024. Probablemente, es lo que espera el Gobierno de cara a su cita con las urnas. Todo apunta, a pesar de que nos han metido el miedo en el cuerpo, a que la crisis no será dramática, como la que vivimos en 2008, pero la inflación, que, aunque estadísticamente no suba, no ha caído ni caerá, debilitará más de lo que ya está a una sufrida clase media y la ausencia de políticas laborales dignas de tal nombre dejará sin futuro a importantes segmentos de la población. El país se deteriora y el ciudadano se empobrece y la Constitución no manda al político que ponga parches, pero en su espíritu va implícito que los poderes públicos se afanen por mejorar la vida de los españoles.