Un año negro

Ha sido un año negro. El año en el cual los golpistas de 2017 vieron al Gobierno de España regalarles los fundamentos legales para ganar en corto plazo lo que entonces perdieron. Su libertad, lo primero; y el borrado de las consecuencias, penales como civiles, de sus condenas. El referéndum –que tal vez reciba, esta vez, nombre de «consulta»–, en un plazo razonablemente breve. Y, con la independencia catalana, dos efectos laterales: 1) la pérdida –que será total si el PNV sigue la misma vía– de frontera terrestre con la UE, y la dura dependencia que lo que quede de España contraerá con sus territorios escindidos; 2) el choque fratricida entre las dos mitades en las que todos los sondeos anuncian que se dividirá la ciudadanía catalana ante una declaración de independencia.

Un año negro. En el que lo no mucho que quedaba de esperanza en la autonomía del poder judicial naufragó en un pantano de sórdidos intereses personales y políticos. Y al «¿y quién manda en la fiscalía?» siguió el «¿y quién debe mandar en los tribunales?» Ha sido el año en el que experimentalmente quedó contrastada la sospecha que, desde la Ley Orgánica del Poder Judicial de Felipe González en 1985, nos inquietaba a todos: la independencia de poderes no puede existir en una sociedad en la cual son los partidos políticos parlamentarios quienes designan a la totalidad de los miembros del órgano de gobierno de los jueces. Por otro lado, un Tribunal Constitucional sometido al arbitrio del gobierno es cualquier cosa menos un regulador de conflictos constitucionales.

El sistema puesto en pie en 1978 está exhausto. De poco vale que finjamos ser ciegos a ello. El fantasioso hallazgo al que llamaron «Estado de las autonomías» ha acabado por revelar lo que no quisimos reconocer que era: un clamoroso oxímoron, una contradicción en los términos. ¿«De las autonomías»? Sin duda. Pero «Estado», ¿dónde está hoy el Estado en España? El andamiaje de la UE ha permitido evitar que todo se desmigaje, en algo que se parece más a la locura cantonalista del siglo XIX que a una sociedad mínimamente moderna. Añádase a ello el disparate de una ley electoral que prima en escaños a los dos grandes bloques secesionistas en el País Vasco y Cataluña, y tendremos el perfecto callejón sin salida.

El partido que ha gobernado con menos votos en la historia de la democracia española se apuntala mediante los escaños de los partidos cuya estrategia se cifra en dejar de ser España. La paradoja sería hilarante, si no amenazara con consecuencias tan amargas. No, un país no salta por los aires sin que salten con él todos y cada uno de quienes lo habitan.

Ante una crisis de estas dimensiones, sólo un gran pacto de Estado entre los dos partidos nacionales podría proceder a reformas tan urgentes como imprescindibles. Pero, en estas vísperas de 2023, ¿quedan aún en España dos partidos nacionales?