España mancillada

A nadie puede sorprender la decisión del juez Pablo Llarena de reducir las acusaciones contra Carles Puigdemont. Porque en contra de esas frases gruesas que gustan a los miembros del Gobierno y su claque mediática, en España el poder judicial no da golpes de Estado, ni lo pretende. Se limita a cumplir la ley. Incluso cuando, como en este caso, la ley mancilla el buen nombre y el honor del Reino de España. Cuesta creer que sea posible que un tipo que ha dado un golpe de Estado, que ha actuado contra el Gobierno de nación y que lleva más de un lustro huido de la Justicia pueda ahora volver a España sin la más mínima preocupación. Como muy bien ha explicado el juez Llarena, el supuesto delito de desórdenes públicos agravados no sirve para procesar a quien dio un golpe de Estado sin matices. Que es exactamente lo que pretendían Pedro Sánchez y sus adláteres. Limpiar de polvo y paja a los golpistas de los que depende su supervivencia en el poder al menos hasta fin de año. ¿Se puede ser más vil? Y para que algunos no tengan que consultarlo en el Diccionario de la Real Academia Española, «vil», según su segunda acepción, significa «indigno, torpe o infame». No puede haber descripción más exacta.

A la espera de que Puigdemont se presente en Barcelona en un Rolls Royce, saludando con la mano por la ventanilla bajada, el mensaje que se está enviando al Parlamento Europeo que estaba a punto de suspenderle la condición de miembro electo de la cámara es que no hay nada por lo que procesarle. Y un país que procesa en las instituciones internacionales a un compatriota y después reconoce públicamente que no debía haberlo procesado, es un país de chichinabo. 530 años de unidad nacional para hacer el ridículo así ante el mundo entero.

No contentos con todo ello, el Parlamento Europeo estudiaba ayer en su Comisión Especial sobre Injerencias Extranjeras en Todos los Procesos Democráticos de la Unión Europea, en particular la Desinformación (INGE 2). ¿Lo adivinan? La mayor es la de Rusia en el proceso separatista catalán, que ha sido sostenido por Vladimir Putin. Y, por cierto, recordemos cómo el Ministerio de Defensa, en tiempos de María Dolores de Cospedal, impidió la adquisición por los Mozos de Escuadra de armas de combate. Armas que no parecían imprescindibles para mantener el orden público. Porque a los Jordis que saltaban encima del coche patrulla de la Guardia Civil se les podía haber apeado con unas porras. Pero desde hace años hay pruebas crecientes de que Vladimir Putin, el invasor de Ucrania, el perpetrador de la última gran guerra en Europa, el que ayer fue denunciado en el Reino Unido por un ciberatque al sistema postal británico, fue un facilitador del golpe de Estado de Carles Puigdemont. Y ni por tener un aliado así le van a pedir cuentas a Puigdemont. El hombre que desde hoy puede volver a España casi limpio de polvo y paja. Gracias a Pedro Sánchez Pérez-Castejón, a quien le importa mucho más mantener la poltrona que mancillar el limpio nombre de España.