Las pulseras y la chapucera Irene

Irene Montero y la banda de la tarta se reúnen y reúnen para analizar el repunte de asesinadas por violencia de género. Más de 500 millones de presupuesto anual y las cifras se disparan. La ministra mira a Marlaska, Marlaska mira a la ministra, Sánchez publica tuits lacrimógenos, Ángela «Pam» sigue poniendo morritos en su tiktok, la ilustre alumna Elisa Lozano echa la culpa al patriarcado y a Ayuso, y todo bien regado con el dinero de nuestros impuestos para la propaganda feminista más sectaria. Resultado: en lo poco que va de 2023 ocho mujeres y una niña de ocho años han sido asesinadas. Mucho comité de crisis, mucha coordinación, mucha entrevista con cara de pena, pero «el Gobierno de las mujeres», como lo llama su presidente, no consigue disminuir una lacra de la que culparon hace unos años al machismo institucional del PP y ahora responsabilizan a los jueces y al empedrado. A todos menos a ellas que, por supuesto, nada tienen que ver con el maltrato, pero tampoco los demás partidos.

Y como en ese Ministerio la que piensa pierde, una de sus últimas tomaduras de pelo es decirnos que van a colocar pulseras telemáticas de control a los violadores que, gracias a la ignorancia de Irene, han salido o van a salir de la cárcel antes de tiempo. Es necesario tener la cara de cemento armado para intentar tapar una chapuza legal fruto de su desfachatez, con un remiendo improvisado que ni es eficaz para monitorizar a los violadores ni pueden colocarlos ellas sino un juez y solo en el caso de que los delincuentes aún estén cumpliendo una eventual orden de alejamiento que se extienda más allá del tiempo de prohibición.

Victoria Rossell, la jueza amiguita de Pablo Iglesias que nos quisieron colocar en el CGPJ, acaba de anunciar que esos dispositivos ya se han colocado a abusadores beneficiados y que «sí sirven». «Solo sí es sí», «sí sirven», pero todo es mentira. Ya hemos superado los 400 delincuentes sexuales amparados por la idiocia de estos políticos, que no han pedido perdón ni hecho la más mínima autocrítica, salvo culpar a Pilar Llop, que se ha inmolado a pesar de haber estado mirando al tendido durante la tramitación. Su jefe, Pedro Sánchez, sigue diciendo que estamos a la vanguardia de la lucha contra la violencia sexual aunque haya tenido que reformarla en solitario y, probablemente, en lo que vamos a la cabeza es en la altísima probabilidad de que alguno de los bendecidos por esta aberración legal reincida en el delito. En Moncloa están aterrados ante esa posibilidad, cada vez menos descartable para desgracia de todos. De ahí que haya tenido que forzar una contrarreforma con Bildu y ERC, quién da más, que no arreglará el daño causado.

A lo más que han llegado, después de poner el ventilador de su basura para que salpique a los jueces, es a esto de las pulseras, que han tenido efectividad en el caso de los maltratadores, que sí suponen una amenaza para sus parejas o exparejas y que habitualmente reiteran las agresiones sobre la misma persona, con la que han tenido algún grado de afectividad. Porque ¿en qué cabeza cabe, que no sea en una llena de serrín y dogmatismo, que un violador que ha cumplido condena por un ataque sexual, normalmente a una desconocida, vaya a volver a intentarlo con su primera víctima después de haber acabado entre rejas? No hace falta ser un experto en psicología para concluir que estos monstruos no suelen repetir objetivos, la estadística lo demuestra, y lo habitual es que actúen de forma aleatoria guiados solo por sus instintos asesinos y no por el trato habitual con la agredida.

Para que el maquillaje este de las pulseras tuviera algún sentido, siguiendo el razonamiento de Irene y «Pam», habrían de colocarlas no a los acusados, sino a todas las mujeres, porque todas somos potencialmente víctimas de cualquier depredador sexual. Es decir, con este nuevo parche, nada se consigue más que volver a revictimizar a las denunciantes. Es imposible hacerlo peor.

Como diría la diplomada Eli, qué vergüenza de Gobierno, ¿vale?