El escándalo de los gastos de Campo

Carlos Dívar, fallecido en 2017 a los 75 años, fue un ilustre jurista de ideología conservadora, cuyo nombre ha quedado asociado a malas prácticas personales en sus gastos, que acabaron costándole el puesto. Dívar dimitió como presidente del Supremo y del Consejo del Poder Judicial el 21 de junio de 2012, al revelarse que había utilizado dinero público (15.000 euros en total) para sus viajes de naturaleza privada a Marbella, que él camuflaba como de trabajo. Fue acusado de malversación, pero la fiscalía archivó el caso. Sin embargo, se consideró que su comportamiento era inadmisible y acabó marchándose, como es lógico en una democracia reglada ante este tipo de prácticas. El PSOE y su periódico afín, El País, lideraron entonces con gran dureza las críticas contra Dívar, invocando la limpieza en la vida pública.

Pues bien, lo que dilapidó Dívar en viajes laborales ficticios para solazarse en Marbella fue calderilla en comparación a las maniobras similares de Juan Carlos Campo, el ministro de los indultos, durante los 18 meses en los que ocupó el cargo. Documentos oficiales del Ministerio de Justicia obtenidos por El Debate reflejan que se gastó en ese periodo 286.000 euros en viajes y hoteles en Cádiz, pese a tener allí dos casas. Casualmente, le solía surgir algo en esa zona en cuanto se aproximaban los fines de semana. En ocasiones ni siquiera disimulaba. Por ejemplo, el 25 y 26 de agosto de 2020 pasa unos gastos de 2.600 euros por «desplazamiento, alojamiento y manutención» a Cádiz, sin más objetivo consignado que estar en su casa («traslado a su residencia particular», es lo que consta como único motivo). Solo en el coste del viaje en cuestión se pule 1.776 euros. Conseguir gastarse semejante cantidad para desplazarse de Madrid a Cádiz y vuelta supone una auténtica proeza (para lograr algo así tendrías que alquilarte un Rolls con chófer y Möet en la nevera, o algo así).

Damos por descontado que ante este caso el PSOE volverá a enarbolar la bandera de la limpieza en la vida pública con la misma energía que aplicó con Dívar. Damos por seguro que la izquierda concluirá que Campo, de 61 años, juez de profesión y pareja de Meritxell Batet, la presidenta del Congreso, debe abandonar de inmediato su puesto en el Tribunal Constitucional y retirarse de la vida pública, dada su desvergonzada picaresca con los gastos que hoy revela la información firmada por Antonio Naranjo.

Por supuesto, ya lo sabemos: el PSOE intentará no decir ni mu. Pero ahí entra el papel de los partidos de la oposición, de los medios de comunicación independientes que todavía perviven y de la propia sociedad española. ¿Hay que dejar pasar que un ministro se ha pegado la vida padre con cargo al erario público solo por el hecho de que es del PSOE y entonces tiene bula? ¿Puede sentarse como magistrado en el TC un tipo que según la documentación oficial del Ministerio de Justicia cargaba gastos absolutamente desproporcionados para los fines de semana en sus casas de asueto?

En una democracia normal, sana, Juan Carlos Campo debería estar haciendo hoy mismo lo que hizo Dívar en su día. Veremos…