A coces con los empresarios

Tenemos un Gobierno tan bien preparado que cuenta con personas del nivel intelectual de la brillante Irene Montero, que este mismo mes ha expresado su intención de «topar el euríbor». Lo cual es algo así como anunciar que a partir de ahora la divisa española serán los billetes del Monopoly.

Tenemos un presidente del Gobierno que se ha ido escorando hacia la extrema izquierda por pura supervivencia oportunista y que se dedica a poner a parir a los grandes empresarios del país. Los vilipendia como «los hombres del puro», que según él conspiran en cenáculos secretos de Madrid a favor de las inefables «derecha y ultraderecha» y contra el bondadoso «Gobierno progresista».

Tenemos un Ejecutivo formado por socialistas y comunistas, estériles ideologías que solo traen igualación a la baja, rencor social y erosión de las libertades. Llevan tatuada en el entrecejo la desconfianza frente a los empresarios, a los que de entrada ven siempre como villanos de los que se debe desconfiar.

Tenemos una fiscalidad de rasgos confiscatorios y unas «ministras y ministros» que reiteran que los beneficios de nuestras mayores empresas son «obscenos» (cuando sin beneficio no hay empresa posible).

Tenemos un Ejecutivo que se ha inventado por puro populismo unos impuestos teledirigidos contra la banca y las compañías energéticas. Las empresas perjudicadas ya están recurriendo en tribunales y esa agresión fiscal es tan burda que acabarán ganando, pero mientras tanto sufren la embestida.

¿Y cuál es el fruto de todo lo anterior? Pues que muchas empresas españolas de rango multinacional ya están hasta la zanfoña del sanchismo y se plantean irse con la música a otra parte. Estudian trasladarse a países pro negocios, de fiscalidad menos abrasiva y mayor seguridad jurídica que la que ofrece nuestro Ejecutivo de izquierda radical.

Rafael del Pino y Moreno fundó Ferrovial en 1950 en un ático de Madrid. Llamó así a su empresa porque nació para un contrato de Renfe de recambio de traviesas de madera. Más tarde, en los años sesenta, dio el salto a la construcción (carreteras, edificios, obras, hidráulicas…). A caballo del siglo XX y el XXI se convirtió en una multinacional española de gestión de autopistas y aeropuertos, construcción, energía… un gigante con 63.000 empleados. Pues bien: Ferrovial anunció este lunes su intención de trasladar su sede social de España a Países Bajos, donde disfrutarán de una fiscalidad más favorable y sin aliento de cacería ideológica.

Es una noticia seria e importante. La punta de un iceberg, pues no es la única gran compañía española, ni el único «rico» –como dicen nuestros gobernantes en su jerga despectiva– que sopesa si es viable continuar en un país donde el Gobierno mantiene una guerrilla contra los capitanes del empresariado. Contar con el Ejecutivo más radical de la UE equivale a plantar un enorme cartel sobre España que anuncia a los posibles inversores que aquí no serán bienvenidos.

Ferrovial asegura que mantendrá sus proyectos e inversiones en España. Pero que su sede social deje de estar en Príncipe de Vergara 135 (Madrid) supone una pésima noticia para nuestro país. Una derrota que tiene un nombre: Sánchez. Padecemos un Gobierno que suspira por la economía planificada y en cuyo subconsciente late la idea de que el empleo lo crea el Estado. Urge relevarlos, por una razón que todo el mundo puede entender: cada año que pasa nos hacen más pobres.