Mercadona

Atacar a las empresas como método para generar más empleo y de mejor calidad es tan estúpido y contraproducente como promover el aborto para estimular la natalidad, alimentar al separatismo para reforzar la cohesión nacional o, entre tantas otras insensateces perpetradas por un Gobierno infantil, combatir las agresiones sexuales liberando antes de tiempo a violadores y pederastas.

Ninguna empresa es una ONG, como ningún trabajador es un desprendido voluntario, y en la satisfacción de sus expectativas y ambiciones razonables está el origen de la prosperidad, sustentada a continuación en la propiedad privada, sin la cual simplemente no existe la democracia.

La satanización del empresario, como la persecución de la propiedad, está detrás de los regímenes que intentan sustituir ambos por una intervención paternal del Estado que, a cambio de la sumisión, ofrezca una alternativa cómoda a los dos, colectiva, aparentemente gratuita y, al final, necesariamente miserable.

No se conoce ni un solo país donde triunfen los discursos y las medidas de tipos como Echenique, pero no hay ninguno con éxito donde no existan ejemplos como los de Mercadona, Ferrovial o Inditex que, con todas sus imperfecciones, son a la economía lo que la democracia a la política: el peor sistema posible para generar progreso… a excepción de todos los demás.

Las empresas solo sobreviven si generan beneficios, pero los Gobiernos solo subsisten si fabrican dependientes, a los que mantener e intervenir con el dinero ajeno extraído a las anteriores, con quienes mantienen una relación parasitaria: chupan toda la sangre, salvo la estrictamente necesaria para no morir.

El vampirismo de Sánchez ha encontrado en la miseria, que es un gran negocio para el populismo, una manera de camuflar además su propia inepcia, que genera ruina, paro, pérdida de poder adquisitivo, tipos de interés escandalosos y una inflación real monstruosa mientras él recauda como un Tío Gilito con bulimia fiscal: todo eso queda maquillado señalando a un falso culpable, sean las empresas, la pandemia o la guerra; aderezado siempre por la manipulación de las estadísticas oficiales previo asalto a las instituciones que deben difundirlas.

Mercadona pagó el año pasado 2.300 millones de euros en impuestos, da empleo a casi 100.000 personas y, tras cumplir con el fisco y las cotizaciones a la Seguridad Social, gana 2.5 céntimos por cada euro vendido, una cifra muy modesta que explica el deterioro del devastado sector primario y la factura para el consumidor: han subido los precios un 10 por ciento, pero los costes lo han hecho un 12 por ciento, dejando poco margen para el alivio de los bolsillos y menos aún para ganaderos, agricultores o pescadores, que van todos camino del exterminio.

El único especulador en toda la cadena de producción y riqueza es el propio Estado, que justifica el latrocinio en el sostenimiento del estado de bienestar, la excusa barata para financiar el impúdico bienestar del estado, colapsado por el único sector que nunca sufre las recesiones que provoca pese a ser el más improductivo: la industria política.

El timo público se explica a la perfección en la cruel paradoja que ahora sufre toda la sociedad. Se subieron los tipos de interés con la excusa de frenar la inflación, pero la cesta de la compra se ha desbocado un insoportable 16 por ciento en febrero: no estamos frenando los sobreprecios, sino añadiéndoles un atraco a mano armada con los créditos hipotecarios.

Todo para que las mismas instituciones y calamidades como Lagarde o Von der Leyen, responsables de sacar la manguera del dinero fácil y de dárselo a incompetentes manirrotos como Sánchez, puedan recuperarlo.

En ese contexto, el epílogo no puede ser más sangrante: un indigente intelectual como Pablo Echenique, que cobra 129.000 euros por destrozar al país que le dio lo que el suyo de origen le negó y no fue capaz ni de pagar los Seguros Sociales de su cuidador, se atreve a insultar a los empresarios y a exigir la nacionalización chavista de los mismos sectores a los que previamente saquea, en nombre de unos trabajadores a los que también esquilma si ganan más de 21.000 euros brutos anuales.

España no tendrá solución mientras los responsables de la reforma imprescindible, que es la del gasto público y el sistema fiscal, dependa de quienes serían los máximos damnificados por hacer lo correcto: hasta que el Estado no deje de ser un ladrón disfrazado de Policía, el resto no dejará de ser un pobre rehén expuesto a sus torturas.