Bienvenidos a Sanchistán
España es la nueva Venezuela y ya tiene hasta a Arnaldo Otegi de ministro de Vivienda.
Hay que tener la ingle como el caballo de Espartero para hacer lo que hace Sánchez: nos han subido las hipotecas hasta 500 euros al mes, los okupas tienen barra libre, el Gobierno solo genera vivienda social gratis para los ministros... Y va el fenómeno de la Moncloa, se disfraza del Tío Gilito, y promete sacar 93.000 pisos baratos del «Banco malo» para que los vulnerables tengan techo, de la mano de Arnaldo Otegi, nuevo ministro de Vivienda en Sanchistán, país hermanado ya con Venezuela.
En unas semanas tendremos nueva Ley de Vivienda. Solo con ver quiénes son los promotores, te puedes hacer una idea: Podemos, ERC y Bildu, tres grandes expertos inmobiliarios, como demuestran sus currículos.
La única casa que ha promovido Pablo Iglesias es la suya, el casoplón de Galapagar. ERC solo sabe algo de celdas, y poco, porque a Junqueras no le dio tiempo ni a aprenderse los horarios de salida al patio en la cárcel, gracias al indulto artero de su amiguito del alma. Y al que más sabe, Otegi, no le saques de las casas cuartel y de los zulos, que se pierde.
Con esas tres lumbreras, Sánchez va a sacar adelante la nueva Ley de Vivienda en unas semanas, que tiene por anticipo la supuesta utilización de 50.000 pisos del Banco malo para inquilinos vulnerables, que ya son 50.000 menos que las prometidas por Ábalos al principio de la legislatura: quizá por eso se ha sacado de la manga, en el último suspiro, otras 43.000 igual de falsas.
Y esas 50.000, en el caso de que lleguen a sacarse al mercado, no serán precisamente como el pisito de Iglesias en la sierra. O estarán en pueblos vacíos en mitad de la nada o estarán más destrozados que la habitación de un hotel tras una juerga del Tito Berni con señoritas de compañía.
Lo de las viviendas sanchistas es como lo de los «800.000 mil puestos de trabajo» de Felipe y Guerra, que hace un par de años copió Sánchez, aunque se delató a sí mismo con la cifra y le salió en un acto público la que de verdad es capaz de conseguir: 800 o 1.000.
Entre el amigo del baloncesto colocado en el Gobierno, el primo, el cuñado, la tata, el tato y todos los amiguetes del PSOE, ya ha conseguido el objetivo e incluso lo ha superado: más de 1.000 asesores tiene el Gobierno, todos con menos luces que una patera pero de estricta observancia sanchista, incluyendo uno que no sabe ni pegar un sello y le pusieron en Correos.
La cosa es la siguiente: con el anuncio de las viviendas a cascoporro, Sánchez consigue que se hable un poco menos de su ley, que es chavismo en estado puro. Donde no se respeta la propiedad privada, no hay democracia.
Y la ley a pachas con Otegi es eso: quiere fijar los precios de los alquileres, señala a quienes tengan más de 5 viviendas y, en resumen, viene a decirle a la gente que si no tiene un piso es por culpa de quien tiene más de uno.
La realidad es que España tiene un 2 por ciento de vivienda social, hasta diez veces menos que otros países europeos. Y que con esta ley el Gobierno escurre el bulto y le carga el marrón a los propietarios, como si tuvieran ellos la obligación de atender las necesidades de los más desfavorecidos.
No va a haber viviendas públicas baratas a disposición de nadie al corto plazo. Pero sí va a meterle mano el Gobierno a los pisos que ustedes hayan ido comprando con el sudor de su frente. Porque en la España de Sánchez ya tienen más derechos los okupas que los propietarios.
Y como los propietarios no son tontos, pasará lo que ha pasado en Barcelona, donde se aplica ya esa ley chavista desde hace tiempo: se reduce la oferta de alquiler porque los dueños no quieren sacarlas al mercado para que les fijen el precio o les entren los okupas.
Allá donde se ha aplicado esta medida de topar precios, declarar zonas tensionadas y demás verborrea populista, el resultado ha sido estrepitoso: menos pisos en alquiler, precios más altos y pagos en negro. Y en el caso de Berlín, los tribunales llegaron a anular la medida por anticonstitucional.
Lo peligroso de este asunto es que hemos aceptado ya como algo natural que el Gobierno se meta en todo: en lo que comemos, en las alcobas, en lo que votamos y, ahora, en la propiedad privada. Primero fueron las empresas, ahora son los propietarios y ya solo le quedan los ahorros.
O vienen pronto elecciones, o ya se le ocurrirá algo para justificar meterles mano también. Porque el Comandante Sánchez no tiene límites, y en su banda están Otegi, Iglesias y Junqueras. Los hermanos Dalton, al lado de este cuarteto, eran una entrañable ONG.