Que no les falte de nada a vagos, asesinos, violadores y okupas

El sinvergüenza que atropelló y mató a dos hombres en el paseo de Extremadura tenía 64 antecedentes penales, conducía con su pareja al lado, que llevaba un bebé en brazos sin medida alguna de seguridad y, tras cometer la fechoría, huyó del lugar de los hechos.

No es un caso aislado: la crónica está llena de casos, con distinta gravedad, que contradicen el sentido común más elemental, el espíritu de cualquier ley decente, las normas de convivencia más básicas, los derechos fundamentales a la integridad física o a la propiedad y, sin embargo, no tienen la sanción que un humilde ciudadano recibe por retrasarse unos días con Hacienda, aparcar media hora de más en una zona azul o quedarse en números rojos con el banco por un problema pasajero del que ni se dio cuenta.

Los casos aislados, como las experiencias personales, nunca sirven para juzgar un fenómeno: la sanidad no es mala por una experiencia desagradable, y para juzgar la realidad hacen falta estadísticas y cifras que permitan acercarse a ella, más allá de las opiniones o vivencias individuales, presentadas a menudo por cada uno como la incontestable vara de medir las cosas. Y no.

Pero lo cierto es que, tacita a tacita, se ha impuesto la sensación de que la chusma tiene más derechos que la gente de bien: bandas latinas, okupas, violadores, chorizos, kamikazes, caraduras, listillos y vagos conocen y explotan cada recoveco de la legislación, de los servicios sociales, de la educación ajena, de los recursos públicos y del pacifismo de los demás para vivir del cuento, actuar con impunidad y reírse en su cara de la sociedad que les mantiene y de los ciudadanos a los que asalta, de un modo u otro.

El derecho a la reinserción, que define a las sociedades decentes, se aplica preventivamente en una variante muy inquietante que otorga la impunidad sin haber hecho primero la penitencia oportuna.

Y ante esto, que añade a los sucesos concretos el temor general a que cualquiera pueda sufrirlos, la reacción de los poderes públicos ha sido mirar para otro lado, señalar a la víctima y legislar en favor del delincuente, desde un estúpido buenismo que indulta al desalmado y criminaliza por anticipado a su presa.

Aquí se aprueban leyes en favor de los okupas, se suelta a violadores reincidentes y a asesinos de niños, se dan pagas eternas a zánganos mientras se suben los impuestos al autónomo, se convierten dramas en negocios políticos, sin arreglar los primeros pero engordando los segundos; se admite la permanencia de gentuza peligrosa bajo el oficioso título de refugiado y se concibe la prosperidad, el esfuerzo o el mérito como pecados y abusos a enmendar, con herramientas confiscatorias y legales que repartan a la fuerza el fruto de todo ello con los sinvergüenzas más espabilados a la hora de poner la mano.

El canalla kamikaze que ha matado a dos ancianos, que paseaban por Madrid sin hacer daño a nadie, quizá a la espera de que sus nietos salieran del colegio para ir a comer a casa de la abuela; saldrá de prisión a no mucho tardar, y a poquito que sepa cómo funciona ya España, vivirá del cuento, sin pegar palo al agua, volviendo a las andadas a las primeras de cambio.

Y todavía saldrán políticos gilipollas, tontos del haba con las neuronas justas para no cagarse encima, aprobando una ley que le convierta en vulnerable, sin ningún seguimiento ni control por el bien de los vulnerables de verdad. Y será financiada por los hijos de sus dos muertos, deslomados a currar, para que no le falte de nada al asesino de sus padres.