Conde-Pumpido inventa el derecho a matar

Los eufemismos son el nutriente de la corrección política, que consiste en esconder verdades molestas tapándolas con una capita de pomada «progresista», con una neolengua orwelliana. Caso paradigmático son el aborto y la eutanasia. El primero acaba de ser convertido en un nuevo e insólito «derecho» por obra del jurista gallego Cándido Conde-Pumpido, ‘hooligan’ del PSOE al que Sánchez ha colocado al frente del TC para todo tipo de apaños (si se dan los números tras las generales, su próximo trabajo sucio consistirá en colar una consulta de autodeterminación, como pago a Junqueras a cambio de que mantenga a Sánchez).

La ley de la eutanasia solo existe en media docena de países, por la elemental razón de que supone un dislate moral. Consiste en que los médicos de la seguridad social se encarguen de matar a las personas que lo soliciten alegando padecimientos insoportables. Se maquilla con el eufemismo «derecho a una muerte digna». Una norma así siempre acaba degenerando en una espantosa deshumanización, como acreditan los heladores ejemplos de Bélgica y Holanda, donde cada vez se baja más el listón del sufrimiento inaguantable y donde ya se mata a niños. Si la ley de eutanasia se mantiene en España, pronto veremos a familias egoístas animando al abuelo achacoso a quitarse de en medio con la muerte dulce del Estado: «Papá, tú ya has vivido tu vida, ¿no?…».

En cuanto a lo que se intenta dulcificar con el eufemismo de «interrupción voluntaria del embarazo», la verdad es que no cabe reanudación alguna de lo que se interrumpe. Lo que hay es la muerte provocada del feto, una vida humana, un ser que es sujeto de una dignidad intocable. En un país con un problema demográfico pavoroso, abortan cada año más de 90.000 españolas, el equivalente a la población de Santiago. ¿Y por qué? Pues porque el aborto se está utilizando como un método anticonceptivo más para escapar de las responsabilidades que supone tener un hijo. Según el Ministerio de Sanidad, el 91 % de los casos llegan a petición de la mujer sin que exista riesgo alguno para su salud o la del bebé. Un argumento recurrente para defender el aborto es plantear el ejemplo, ciertamente terrible, de quedarse embarazada por una violación. Pero en España los casos por ese motivo tienden a cero, son solo el 0,02 %.

El del aborto no es un debate religioso, o no solo. Se trata de una cuestión de pura humanidad y sentido común. Consiste en contemplar pausadamente una ecografía, con el nivel de detalle de la criatura humana que hoy ofrecen, y acto seguido argumentar en conciencia que está bien matar lo que ahí se ve. Pero esa descarnada verdad no se quiere encarar (si se hiciese, los abortos caerían drásticamente, pues son siempre un durísimo trago). Para intentar justificar lo injustificable se ha inventado un supuesto derecho superior, el de la autoridad absoluta de la mujer sobre su cuerpo y la vida de su progenie, pirueta con la que la izquierda esquiva el insoportable meollo de la cuestión, la eliminación del nasciturus con un bisturí o un aspirador.

Estoy convencido de que llegará un día, tal vez no lejano, en el que la humildad mirará por el retrovisor y se asombrará de que algo tan bárbaro fuese tolerado, e incluso jaleado. Del mismo modo que hoy nos pasman los sacrificios humanos de las cultura prehispánicas de América, aceptados en aquellas sociedades como ritos necesarios.

Todo este debate moral le resbala a nuestra izquierda, y nadie más leal a su causa que el presidente psoeísta del TC. Cándido ha resuelto en dos tardes el recurso del PP contra la ley del aborto de Zapatero, que llevaba once años en barbecho. Lo ha zanjado aplicando su rodillo y con una cabriola jurídica infumable. En lugar de limitarse a resolver sobre si aquella ley zapaterista es o no constitucional, que es el ámbito en que debe moverse el TC, Cándido ha enlodado su toga, una vez más, y se ha descolgado estableciendo que el aborto es «un derecho». El brazo jurídico del sanchismo se erige así en órgano constituyente y se arroga un rol que corresponde al Parlamento. Con tal actuación burla los pilares de nuestra democracia (exdemocracia, si continúa Sánchez). Por no hablar de que no existe ningún otro derecho que esté sometido a plazos, pues a partir de la semana veintiuno el aborto continúa siendo ilegal. ¿Ahora resulta que los derechos son como los yogures y tienen fecha de caducidad?

En España se están dando por normales muchas cosas que no lo son. Cuando caiga Sánchez habrá una oportunidad para la cordura. Pero en lo que atañe al debate de la vida, por desgracia cunde la sensación de que mucha derecha política y mediática ya ha abrazado el desolador consenso regresista.