España, el paraíso okupa

España no ha ganado un Nobel de ciencias desde 1959, con Severo Ochoa, que lo consiguió residiendo e investigando en Estados Unidos. Pero eso sí: somos líderes mundiales en okupación, fenómeno espoleado por un Gobierno de un izquierdismo populachero que recela de la propiedad privada. En Francia si alguien se mete en una vivienda ajena lo echan en 48 horas. En Alemania, en 24. Aquí el dueño de la casa está vendido. Pueden pasar meses hasta que logre recuperar su propiedad. Para recochineo supremo, en el tiempo en que su vivienda está okupada debe seguir haciéndose cargo de las facturas del gas, la luz, el agua y el wifi. Incluso se están dando casos en que los okupas realquilan habitaciones, o la propiedad entera. Ha habido un pájaro que se sintió tan impune que inició una obra de ampliación de lo que no era suyo.

La izquierda justifica estos allanamientos de morada alegando que se trata de gente necesitada que no encuentra «una solución habitacional». Si extendemos el uso de ese argumento, quien no tenga su comida del día resuelta podría entrar en un restaurante y pillar lo que le plazca, y el que necesite una chupa nueva, que irrumpa en un Zara y se lleve lo que considere. En la historia de España ha habido momentos económicamente mucho más duros que el actual, pero nunca ocurrió que hubiese gente dedicada a asaltar impunemente las propiedades ajenas. Hoy sucede porque las normas no funcionan, de hecho la última Ley de Vivienda –¡presentada por Bildu!– está directamente pensada para primar la okupación y perjudicar a los malignos propietarios (que casi siempre han trabajado como burros para poner adquirir esos bienes inmobiliarios).

Quien haya entrado alguna vez en una vivienda okupada, y yo lo he hecho varias veces, sabe que lo que se encuentra en el 90 % de los casos es roña por un tubo, un ambiente perroflauta o punkarra, perfume a porrete y unos pobres niños, si los hay, mal escolarizados y soportando un régimen de vida que dista mucho de ser el que merecen y necesitan. En ocasiones los edificios okupas son abiertamente supermercados del trapicheo.

De manera inevitable, todos estos éxitos han acabado conociéndose más allá de nuestras fronteras. Este domingo «The Sunday Times», que en la época del fin de papel todavía lanza enormes tiradas, dedicaba un reportaje al problema de la okupación en España, donde recogía el agobio de los 800.000 británicos que se han comprado una casa en nuestro país. Titularon así la crónica: «Los 'squatters' asaltan nuestras villas españolas». La abrían contando la historia de Sophie Robinson, una profesora de yoga de 48 años, madre de dos hijos y dueña de una pequeña villa en San Antonio (Ibiza). Cuando llegó allí en Semana Santa se encontró instalados a una mujer, un hombre y unos niños, que habían cambiado los cerrojos de la casa y se negaba a irse. La semana pasada consiguió por fin una orden judicial para echarlos. Pero cuando llegó en compañía de la Guardia Civil se toparon con un hombre diferente asentado allí y se hallaron restos de droga en las habitaciones. El periódico de mayores ventas del Reino Unido resume así la situación: «Se cree que las bandas que okupan las viviendas vacías están ligadas al tráfico de drogas. Son conocidas por toda España como la mafia de la extorsión. Llegan a vender los bienes que encuentran en las casas y exigen para irse el pago de rescates de hasta 3.000 euros».

Todo esto es sobradamente conocido en España, por supuesto. El Debate, por ejemplo, ha publicado docenas de informaciones y varios editoriales al respecto. Pero la izquierda radical que nos gobierna está dinamitando encantada la seguridad jurídica en nombre de un pernicioso rencor social igualitario. Imagino que cuando Pablo Manuel e Irene María lleguen un día a su dacha serrana de Galapagar y se encuentren a una peña en chancletas en la sala, apalancada fumando petas y soplándose unas birras mientras ven «Juego de tronos» en la pantalla tocha del exlíder, nuestros próceres los invitarán encantados a quedarse, ofreciéndoles «una solución habitacional». Ni se les pasará por la cabeza telefonear a la Guardia Civil.

Tenemos un Gobierno alérgico a la propiedad privada. Excepto, por supuesto, a la suya.