El comando Moncloa
Sánchez intenta ahora convencernos de que hay grados de terroristas y que, si no han matado, pueden valer como cargos públicos y socios suyos
Los siete etarras condenados por asesinato e incluidos en las listas de Bildu no van a dejar de ser candidatos, aunque Sánchez se lo haya pedido a Otegi a escondidas y Otegi se lo haya concedido a Sánchez en público, pero se comprometen a no tomar posesión de sus cargos si resultan elegidos en las urnas, lo que en sí mismo reflejaría la enfermiza catadura de una parte no menor de la sociedad vasca.
Es la palabra de un terrorista, pues, lo que al PSOE le parece suficiente para intentar paliar los estragos de un bochorno irreparable que, lejos de amainar con este desenlace provisional, se agrava hasta el infinito y demuestra el grado de relativismo, depravación y solidez de la alianza entre socialistas y abertzales, más clara que nunca.
Para empezar, ha quedado en evidencia que ni a Bildu ni al PSOE les preocupaba lo más mínimo la designación de etarras como candidatos a las elecciones autonómicas y municipales: el primero lo hizo con orgullo y el segundo lo aceptó sin rechistar hasta que un tsunami de indignación sacudió a la sociedad española. Solo rectifican por sus intereses, no por las víctimas ni los principios.
Para continuar, el conocimiento de la decisión no conmocionó al resto de formaciones que conforman Bildu, de manera testimonial y para disimular que sigue siendo Batasuna; ni tampoco provocó la ruptura del PSOE con la coalición abertzale, muy longeva e intensa desde hace años y visible en pactos ya coyunturales en investiduras, presupuestos, leyes y en Navarra.
Y para concluir, en el caso de que se cumpla la renuncia, que está por verse, aprueba el repugnante precedente de que se puede pactar con un partido filoetarra, que no reniega de su pasado, dirige aún a los terroristas hasta el punto de dictarles comunicados, no renuncia a sus objetivos y mantiene el «impuesto revolucionario» ahora a la Moncloa; si tiene el detalle de prescindir para sus candidaturas de terroristas con delitos de sangre y limita el casting electoral a chivatos, cómplices, acompañantes, inductores, secuestradores o extorsionadores.
Tras inventarse el «malversador bueno», el «golpista moderado», el «okupa pacífico» y el «violador inofensivo», ahora van a sacarse de la chistera al «terrorista pacífico», el último invento para tratar de disimular el hedor habitual del vertedero sanchista.
Para Sánchez, en fin, se podía hasta hace cinco minutos ser terrorista y alcalde con un pasado criminal; no ha sido una exigencia moral la que le ha llevado a pedirle a Otegi que renuncie –si renuncia– a esa barbaridad y a renunciar él mismo a toda alianza con su partido; sino el temor a que ese bochorno empeore aún más sus tétricos pronósticos electorales.
Y se podrá así, en el futuro, sustentar su propia Presidencia en una banda que ha renunciado a la violencia física pero no a la violencia política y que, lejos de renegar de la primera, la transforma calculadamente en una herramienta de obtención de sus objetivos por otros medios distintos: antes secuestraba a un empresario y lo metía en un zulo; ahora el rehén es Sánchez y la celda es la Moncloa.
No entender que el problema es el matrimonio entre el PSOE y Bildu, con y sin etarras en la candidatura, equivale a dejarle a Sánchez una salida que no se merece y a avalar la legitimidad de un cambalache obsceno: estabilidad provisional a cambio de impunidad irreversible.
La retirada de los salvajes, si acaso llega a concretarse, es la prueba definitiva del blanqueamiento del terror, de la connivencia entre el PSOE y Batasuna y de la magnitud de los planes conjuntos en marcha, que incluyen la abertzalización definitiva de Navarra, la entrega del Gobierno vasco a Otegi y la consolidación de un frente separatista entre Bildu y ERC sin el cual Sánchez no tiene opción alguna de reeditar su cargo.
Solo falta conocer a qué precio, aunque las facturas ya abonadas permiten intuirlo: si de una manera u otra se ha venido indultando a los delincuentes y anulando sus delitos, solo queda legalizar sus objetivos.
Y Sánchez ha demostrado que, con tal de sobrevivir en el poder, es capaz de hacerlo: el Comando Ferraz, el Comando Pumpido, el Comando Chivite y el Comando Bolaños llevan ya años en ello. A las órdenes siempre de la cúpula de Moncloa.